Ayer, en Diputados estaba previsto el tratamiento de dos proyectos en el orden del día.
Sin embargo, tras analizar una iniciativa -de José Luis Martínez- por la cual se prohíbe la venta de autos y motos usados sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO) la sesión se quedó sin quórum.
Sucede que, durante el análisis del proyecto, el diputado Jorge Sosa (FCS-Cambiemos) sostuvo que existe normativa vigente sobre el tema, por lo cual entendía que no se podía legislar sobre lo mismo -en base a la ley nacional de tránsito-.
Además, evaluó que la RTO “es un curro político de algún dirigente que ocupa un importante cargo en el gobierno”.
A la vez, recordó un decreto emitido por la Gobernadora que ofició como nexo entre dos talleres particulares de RTO.
La opinión no fue compartida por el bloque del FJPV. Para el caso, Augusto Barros señaló que la ley en tratamiento apuntaba a que “los concesionarios, que venden autos usados o motos, tengan hecha la RTO”.
“Me extraña que el diputado lance esas acusaciones sobre a quién beneficia o no económicamente un proyecto de esta naturaleza”, acotó.
Así rescató que la normativa intenta “proteger fundamentalmente al adquirente”.
Tras un cuarto intermedio, se arribó a modificaciones en el despacho de comisión al que llegaron los diputados.
En esa instancia, el legislador opositor Víctor Luna (FCS-Cambiemos) apuntó que en ninguno de los dos talleres del Valle Central se hace la RTO de motos.
Roberto Perrota (FPV-PJ), a su turno, señaló que había un error de análisis “o de concepto en la forma en que se encaraba el debate”. “La RTO está regulada por norma específica”, señaló,
argumentando que “la registración de la transferencia o venta de automotores también está regulada por una ley nacional”.
“Lo que la ley busca es establecer una garantía para toda la operación de compra venta”, acotó. En este orden, insistió en que no había intromisión a la ley nacional ni contradicciones normativas.
Posteriormente, se mocionó que el proyecto en cuestión vuelva a la comisión. Llevado a consideración del cuerpo, la oposición levantó el brazo y aprobó por mayoría el retorno de la iniciativa.
Cuando se iba a iniciar el tratamiento al registro de Escribanía de Gobierno de la municipalidad de Valle Viejo, el bloque del FPV-PJ se levantó de sus bancas y se retiró del recinto.
La presidenta del bloque oficialista, Cecilia Guerrero, advirtió a sus pares de la oposición que “revisen los despachos de las comisiones antes de aprobarlos” para que bajen al recinto.
Así, con menos de 21 diputados presentes, la presidencia procedió a levantar la sesión por falta de quórum.
