La diputada del oficialismo Mónica Zalazar presentará un proyecto para que no solo
se promueva la creación de la Sapem de Transporte sino también para dotar a la
Provincia de herramientas para que el Estado se asocie con los empresarios. Si bien
la iniciativa estaba en revisión, se sugerirá que los empresarios doten con los
colectivos y choferes, mientras el Gobierno continuará aportando los recursos.
La legisladora que impulsa el proyecto dijo en diálogo con La Brújula que “pasaron
casi 20 días de paro de transporte, se agravó la situación entre los propietarios de las
empresas y llegó a un momento en que se volvió insostenible”. A la vez, rescató que
los usuarios del servicio de colectivos “vienen manifestando sus quejas sobre el
estado de las unidades y los recorridos”.
También rescató que el precio del boleto sería mucho mayor si no fuese por el
subsidio al transporte. “Cada vez el Estado tiene que invertir más entonces llega un
momento que debemos ser socios y de la mejor manera, regidos por el estatuto, por
una sociedad anónima donde el Estado será accionista mayoritario”, explicó.
A la vez, aclaró que la iniciativa “es el marco regulatorio”. “Es para que los
empresarios pongan sus unidades, el personal y el Estado pasa a ser societario del
50 por ciento porque es el que está haciendo los aportes para el pago de sueldos y el
subsidio de la tarifa”.
“Una vez que se establezca esto, el ministerio de Infraestructura será el encargado
de reglamentarlo” remarcó para indicarle a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que
“no puede ponerse nervioso antes de tiempo, todo es para mejorar y dialogar en
beneficio del usuario”.
Exchoferes respaldaron la iniciativa de Zalazar
A través de un comunicado, un grupo de trabajadores despedidos del sector
transporte brindó su apoyo al proyecto de Salazar. El portavoz de este grupo, Ariel
Guzmán, señaló que ellos fueron “víctimas del manejo inescrupuloso de los
empresarios en complicidad con el gremio que nos debía representar”.
En tanto, detallaron una serie de hechos mientras estaban “en actividad, como el mal
estado de las unidades o la falta de pago previsional y de obra social”, entre otras.
Consideraron que UTA “hoy representa más a los empresarios que a los mismos
trabajadores presionando al Gobierno para que subsidie a las empresas y así poder
afrontar el pago de haberes”.
