El polémico diputado Alfredo Olmedo, del bloque Salta Somos Todos, pidió una sesión especial para el miércoles próximo para tratar proyectos como la pena de muerte y la castración química de violadores, y como era de prever, estalló un escándalo.

Según informó el diario Clarín, el diputado salteño puso sobre la mesa la intención de tratar proyectos de ley que penalicen a los «ofensores sexuales” según definió y que no tienen dictamen.

diputados nacionales, pena de muerte
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Entre los diputados que acompañan el pedido de sesión se encuentra el catamarqueño Néstor «chicho» Tomassi, entre otros legisladores de distintas bancadas y monobloques, como Julio Raffo, Luis Beder Herrera, la socialista Lucila Duré, Darío Giustozzi, Pedro Miranda, Héctor Tentor, el misionero Jorge Franco, Jorge Taboada, Carlos Selva, Alejandro Snopek, Ivana Bianchi, el puntano Luis Lusquiños y el radical, presidente de la comisión de Seguridad interior, Luis Petri.

Desde Cambiemos se anticipó que no se dará quórum a la sesión. Y la radical jujeña Gabriela Burgos, presidenta de la comisión de Legislación Penal, puso el grito en el cielo. En un duro comunicado manifestó su «más enérgico rechazo” al pedido por considerarlo «una falta de respeto al trabajo que viene realizando la Cámara” en el «debate y la búsqueda de consensos”.
«La Cámara no es un circo como pretende el diputado Olmedo”, arremetió Burgos.
«En el temario considerado, y en una clara muestra del desconocimiento absoluto tanto del funcionamiento de esta Cámara como lo que firman y aprueban los mismos diputados, figuran proyectos que ya fueron debatidos y aprobados, y otros que no tienen estado parlamentario, por lo que es imposible legalmente darles tratamiento. El resto de los expedientes no cuenta con dictamen de comisión, muchos de los cuales se vienen discutiendo desde hace tiempo en las comisiones correspondientes”, sostuvo Burgos.

Agregó: «Es importante comunicar con veracidad a los ciudadanos y contarles que se viene trabajando de forma responsable y seria en proyectos de pornografía infantil y agravantes para delitos sexuales; en la creación de un registro público de violadores, consensuado con todas las fuerzas políticas y próximo a tener dictamen; en la prohibición de salidas transitorias a condenados por delitos sexuales, ya aprobada por Diputados y con modificaciones en el Senado; en la sanción de delitos sexuales informáticos como el sexting; en un nuevo régimen de protección de víctimas; y en modificaciones al artículo 119 del Código Penal sobre penetración oral forzada, que tiene sanción de ley”.

«Peor aún -añadió- es que los diputados que solicitaron la sesión especial pretenden, entre otros temas, facilitar un debate en el recinto sobre la instauración de la pena de muerte y la castración física y química para condenados por delitos sexuales, inadmisibles e incompatibles con un Estado de Derecho respetuoso de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que representan un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos”.
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