La diputada Juana Fernández (FCS-Cambiemos) presentó un proyecto por el cual le pide información al ministerio de Producción -que conduce Raúl Chico- respecto a los préstamos y/o transferencias dinerarias e inmuebles realizadas a las empresas y cooperativas estatales.
En el proyecto, la legisladora opositora solicita copia de los convenios firmados entre el ministerio de Producción y una nómina de empresas, entre ellas Camyen, Aicat (Agroindustrial Catamarca Sociedad del Estado) y la cooperativa Cotali. En este orden, pide que se giren las copias de las resoluciones y los comprobantes de las transferencias bancarias.
En la fundamentación del proyecto, la diputada remarca que «las empresas estatales, estrategia de un plan productivo que viene llevando a cabo la Provincia desde el 2012 en adelante, son puestas en duda por su evidente falta de autosustentabilidad”. En esta línea, indica que estas se sostienen «a partir de fondos estatales, pero el déficit y la falta de control-transparencia hacen que no sólo se ponga en duda su sustentabilidad, sino también la conducción de la misma”.

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Posteriormente, apunta a la empresa provincial minera, Camyen, indicando que esta «ha recurrido en diversas oportunidades al socorro del Estado, ha sido el ministerio de Producción el que ha aportado para el sustento y pago de salarios de la enunciada, suculentos sueldos de sus directivos que sólo llevan a pérdida de fondos de la Provincia”. Sobre esta, solicita que se remitan los argumentos del por qué de «la ayuda financiera de préstamo de $26.232.300 que se realizó con una diferencia de diez días, luego de un salvataje de $1.100.000”.
En cuanto a la firma Aicat, expone que «se conocen sus reiteradas intervenciones en el sistema productivo como en Plan Vitivinícola, comprando, vendiendo, transferencias bancarias, pero sus cuentas, balances no han sido conocidas”. «No se sabe cuál es personal de la misma”, acota.
Finalmente, menciona que al ministro Chico «en diversas oportunidades se le ha consultado sobre las cuentas de las empresas estatales, pero estas no han llegado aún”, por lo cual se «deja en evidencia que las empresas y cooperativas se constituyen como tal para evadir el control que puede realizar el Estado”.

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