Piden a la Corte que interceda y fije una fecha para juicio por corrupción

La diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos) radicó hace un tiempo ya una denuncia en contra de exfuncionarios de la secretaría de la Vivienda -en la gestión de Octavio Gutiérrez- por presunta corrupción. Sin que haya avances para llevar a juicio la causa, la legisladora pidió la intervención del máximo tribunal de Justicia para que inste a la Cámara Penal N°1 y fije fecha de debate.

En el escrito elevado a la Corte le solicita “que se inste a la Cámara Penal N°1 a la fijación de fecha de realización del juicio oral y público, dotándola de los medios materiales y humanos necesarios que se requieran para llevar adelante dicho cometido”.

Bazán, en la nota, recuerda que en el 2016 presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General para que “se investiguen las posibles conductas ilícitas en relación con la probable comisión de posibles actos de corrupción”.

“Dicha denuncia originó la causa que tramitó la fiscalía a cargo de Marcelo Sago, quien en un primer momento imputó y luego de agotada la investigación penal preparatoria atento que el estado conviccional de probabilidad positiva de la existencia de hechos delictuales, procedió a requerir la citación de elevación a juicio (la cual quedo firme después de resolverse otras instancias dilatorias)” rememora la legisladora.

Así, quedaron imputadas Silvia Alejandra Quinteros, Jacqueline Elizabeth Figueroa, Gonzalo Rubén Figueroa y María Margarita Cisneros por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público continuado en calidad de autora y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública de manera continuada en calidad de partícipes necesarios”.

Bazán remarca que el proceso judicial actualmente se encuentra en la Cámara de Penal Nº 1 desde mayo del año pasado y “se encuentra a la espera de fijación de fecha de debate por parte hace ya casi 11 meses”.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la Justicia tardía”, consideró la diputada opositora, acotando que “la Justicia estaría siendo tolerante con las personas que se encuentran en el poder y feroz cuando las mismas lo dejan”.

“En lugar de funcionar como una instancia de control, la Justicia estaría funcionando como parte del juego del poder al que debe controlar”, agregó en el escrito.

Además, menciona: “Para decir solo un número, de las causas que llevan temas de corrupción, solo el 10% (generosamente hablando) llega a la citación a juicio”.

Así, apunta que “las causas por corrupción tienen un promedio de más de 10 años” y “frente a eso tenemos que pensar en cuáles son los puntos que son prioritarios para dar un giro a la situación”.

A la vez, sostiene que “la lucha contra la corrupción requiere la máxima atención de las autoridades judiciales, con el compromiso pleno de todo aparato judicial, mediante una investigación seria y profunda que logre la individualización de los imputados y determinación de los hechos delictivos, todo lo cual en esta causa se cumplió a rajatabla”.

Con todo ello, pide a la Corte que “arbitren los medios necesarios para que se fije fecha de audiencia de debate que permita arribar a un pronto veredicto”.