A principios de marzo se realizó en Canadá una de las ferias mineras más importantes del mundo. Durante ella, se conocieron algunos acuerdos mineros, siendo uno de ellos de interés para la provincia de Catamarca: integrar las minas Agua Rica y Alumbrera.

Este acuerdo fue destacado por el Gobierno provincial, a nivel nacional y por la prensa especializada que se hizo eco, ya que era un paso importante que las firmas internacionales Yamana Gold y Goldcorp -ambas canadienses-, junto a la multinacional con sede en Suiza, Glencore, llegaran a ese entendimiento.

Para lograr ese objetivo hubo participación local, ya que la empresa provincial Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) jugó un rol clave en el desarrollo del proyecto metalífero. Se estima una vida útil que parte de los 25 años.

Fue la propia gobernadora Lucía Corpacci quien dio cuenta de la importancia del acuerdo alcanzado en materia de política minera. “Lo más importante de todo es que nos pusimos de acuerdo todos, las tres empresas privadas, que son las dueñas de Agua Rica”. A ellas se le suma la participación de YMAD y la provincial minera Camyen.

“Camyen tiene el 3 por ciento de las ganancias de Agua Rica en un esquema productivo, con lo que la provincia será fuertemente beneficiada”. Según dijo la Gobernadora, “recibe recursos de Agua Rica por parte del alquiler de infraestructura de YMAD”. “La parte que nos corresponde a nosotros consiste en regalías, fondos del fidecomiso, responsabilidad social empresarial y el 3 por ciento de las ganancias”.

“Nunca se había hecho un esquema así con la minería en nuestra provincia”, valoró la jefa de Estado local.

No obstante, Corpacci fue clara al señalar: “Quiero aclarar que Agua Rica no va a empezar mañana, esto es todo un proceso. Tienen que cumplir con la declaración de impacto ambiental, tiene que solucionarse primero la problemática que tiene Andalgalá”.

Proyecto y conflicto

En este acuerdo hay varios puntos a considerar. El primero de ellos es que Yamana, Glencore y Goldcorp establecieron un comité técnico para dirigir la revisión y evaluación del proyecto integrado y proyectan que se complete un estudio de prefactibilidad a desarrollarse este año.

Además, resta que la Corte de Justicia resuelva dos planteos por inconstitucionalidad que realizaron la Provincia y la firma homónima al proyecto. Se trata de la “ordenanza antiminera”, que prohíbe la explotación minera en las cuencas del río Andalgalá, aprobada por el Concejo Deliberante de la Perla del Oeste y promulgada por el intendente, Alejandro Páez, hace algo más de dos años.

 

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