Un masivo reclamo de justicia se llevó a cabo ayer a la mañana por las calles céntricas, el cual fue organizado por familiares de las víctimas, quienes desde la semana pasada habían realizado la difusión de la convocatoria.

Aproximadamente a las 10 de la mañana, un centenar de personas se reunió en la Plaza 25 de Mayo. Los casos de Débora Barros, Ariel Ocampo, Diego Pachao, Manuel Moya y Brenda Micaela Gordillo fueron los que se reclamaron.

La mayoría de los participantes llevaba un cartel solicitando justicia con el rostro de la víctima. Hubo numerosas pancartas y el acompañamiento de organizaciones sociales.

María Espeche, mamá de Brenda Micaela Gordillo, participó de la movilización y señaló que esperan que en el corto plazo la Corte de Justicia se expida tras el recurso de casación presentado por la defensa de Naim Vera, y que había sido concedido el 30 de junio por el tribunal de la Cámara Penal N° 1.

Débora Barros era la joven que fue asesinada el 11 de abril y por cuyo crimen está imputado Javier Salcedo. En este caso, la familia pide que el sujeto sea acusado además de “femicidio”.

“Estamos pidiendo que a Salcedo lo caratulen como femicida. El fiscal dice que necesita más pruebas para eso, pero yo no sé qué más pruebas necesita”, declaró Rocío, hermana de la víctima. “Las pruebas de que es femicidio fue la forma en que la mató y los mensajes de texto en los que hablaba de ella, la denigraba como mujer”, expresó.

La causa es investigada por el fiscal Ezequiel Walther, quien imputó a Salcedo por “homicidio agravado por mediar una relación de pareja”. El acusado está detenido en el penal de Miraflores.

También participaron familiares de Hugo Ariel Ocampo, quien fue asesinado el 18 de enero pasado y cuyo cuerpo fue arrojado en un aljibe cercano a Antapoca. Por esta causa están detenidos con prisión preventiva Enzo Morales y Cintia Soledad Bazán.

La familia estaba a la espera de las pericias del teléfono celular para poder reconstruir los instantes previos al crimen.

Claudia Véliz, mamá de Diego Iván Pachao, participó de la marcha. El caso es emblemático y polémico: lleva nueve años sin ser elevado a juicio.

Diego murió tras haber sido arrestado por policías de la Comisaría Séptima. Para la familia los uniformados fueron autores de la golpiza y la posterior desatención que terminó con la muerte del joven. No obstante, para la Fiscalía, dos hermanos son sospechosos del “homicidio preterintencional” -por una pelea previa- y los policías fueron imputados por vejaciones e incumplimiento en los deberes de funcionario público. El expediente está en la Corte de Justicia.

Manuel Moya falleció en un sanatorio el 21 de junio y su cuerpo fue cremado “por error”. Tras la denuncia penal se llevaron a cabo numerosas marchas pedir que se investiguen las responsabilidades. En el último reclamo solicitaron la imputación de un médico que habría consignado un horario de muerte que no se correspondería con lo ocurrido.