Según datos aportados por Capital Humano a Infobae, 21 provincias ya firmaron el convenio para retirar de los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán, los “2.583.221 kilos de alimentos para distribuir en escuelas vulnerables”. En existencia hay casi seis millones de kilos que según expresaron, buscan distribuir de manera federal.
Los funcionarios bajo el mando de Sandra Pettovello destacaron que desde el 26 de julio 10 provincias ya retiraron entre el 46 y el 100% de la mercadería comprometida a través de los convenios firmados por Catamarca, Chaco, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, Corrientes y Entre Ríos.
Otros 11 distritos también rubricaron compromisos con el Gobierno: Buenos Aires, Mendoza, Chubut, La Pampa, Jujuy, Córdoba, Ríos Negro, CABA, Neuquén, Santa Fe y Tucumán. La logística, es decir el transporte, queda a cargo de las gobernaciones.
Entre los alimentos a distribuir figuran “aceite mezcla, aceite de girasol, aceite de soja, arroz con carne, garbanzos, leche en polvo x 1 kg, lentejas, locro, pasta de maní y puré de tomate”.
Los funcionarios también precisaron que a partir de septiembre se entregarán otros 2.778.015 de kilos de alimentos a las provincias para emergencia alimentaria según Índice de Carencias Múltiples (ICM), es decir la vulnerabilidad de la población según la geografía de cada lugar.
El tiempo de entrega de la mercadería “depende de la capacidad logística y operativa de cada provincia y de la cantidad asignada a cada una”, y recordaron que “lo que se retira efectivamente depende de las dimensiones del camión que llegue al depósito”.
Los funcionarios de Capital Humano expresaron a aquél medio nacional, que desde el 10 de diciembre de 2023 descubrieron que en el ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia “no había un registro válido de comedores a nivel nacional” y que se “sostenía una política alimentaria a través de comedores de los cuales no existía ni un simple listado, por lo que la trazabilidad de esta política era muy limitada”. Eso sumado a una auditoría realizada, que reveló que 7 de cada 10 comedores inscriptos por los movimientos sociales y piqueteros “no existían”.
Además, muchos comedores estaban intermediados por organizaciones sociales “que se aprovechaban de la gente y extorsionaban a los más vulnerables”, por lo que se “decidió terminar con la intermediación de las políticas sociales” y la idea es que las personas reciban asistencia con transferencias directas.
Por esta situación hay investigaciones judiciales tramitadas ante los tribunales federales en las que se investigan presuntas coacciones y extorsiones que habrían realizado dirigentes sociales y piqueteros sobre beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, a quienes les habrían quitado el plan social y hasta los alimentos si no asistían a las marchas y movilizaciones. Diecisiete referentes sociales ya fueron procesados por esos presuntos hechos, entre ellos se destaca Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero.
Finalmente, Capital Humano aseguró que asiste con programas alimentarios a 4.223 comedores, merenderos y puntos de entrega que “saben que existen” y que buscarán sumar nuevos.
Petovello también cuestionó la calidad nutricional que recibían antes las familias. “Los chicos sólo accedían a fideos con puré de tomate (…) Esta gestión decidió aumentar la calidad nutricional en comedores y merenderos. A partir de agosto, aumentará un 40% el valor calórico para cubrir 386 calorías por persona. Ahora los chicos van a sumar a su dieta carne, arroz y mermelada”, afirmó.
