El proyecto que el Ejecutivo quiere enviar a la Legislatura para declarar la necesidad
de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional tuvo una serie de cambios,
incorporando nuevos artículos y modificando otros. Del borrador, que se les facilitó a
los gremios, surge que el gobernador Raúl Jalil apunta no solo a congelar los
nombramientos por tres años, sino también a terminar con el nepotismo en todos los
poderes del Estado.
El avance que está dándole forma al proyecto de ley incorpora un nuevo artículo.
Este, de hecho, ya fue mencionado por el propio Gobernador en diálogo con la
prensa. Se trata de la creación del sistema único y centralizado de contrataciones de
bienes y servicios.
Con esta área se busca que las contrataciones públicas sean uniformes para todo el
Estado. Para poder implementarlo, se invitará a la adhesión del Poder Legislativo y
del Judicial, incluyendo el convite al Tribunal de Cuentas.
En cuanto al empleo público, continúa la idea de conformar un Comité de Ingreso al
Estado Provincial con un régimen único para acceder a planta permanente en los tres
poderes del Estado. En este sentido, se busca establecer concursos de oposición de
antecedentes, aclarando que es para los cargos que requieran de concurso y
respetando la reglamentación que dicte el Comité.
Lo destacable dentro del capítulo sobre el ingreso al Estado está relacionado con el
nepotismo. El borrador incorpora un artículo para establecer que los funcionarios
públicos de todos los poderes del Estado que puedan nombrar y contratar personal
(ya sea permanente o provisorio) en la Administración Pública tendrán prohibido
designar personas con las que tengan algún vínculo de parentesco.
En este sentido aclara que, para el caso, se considera tanto la línea recta de
parentesco como la línea colateral hasta el segundo grado. Especifica que, para el
caso, también está incluida la relación de cónyuge y la unión convivencial. No
obstante, distingue que la prohibición no se aplicará en aquellos casos en que existan
procesos de selección competitivos.
Jubilaciones
Uno de los cambios que tuvo el proyecto se hizo en el capítulo que propicia
modificaciones al Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública en dos
artículos (18 y 56), es decir, la normativa vinculada a la edad mínima para acogerse
al beneficio de la jubilación ordinaria.
El borrador cambia esa parte para proponer la aplicación de una licencia
prejubilatoria, a la que podrán acceder los empleados públicos que cuenten como
mínimo con 61 años de edad, en el caso de los hombres, y 56 años para las mujeres.
Se apunta a que esa licencia sea concedida por un máximo de 48 meses previo a la
fecha de notificación de encontrarse en condiciones de acceder al beneficio
previsional.
Además, el texto detalla que quedarán excluidos de la licencia las personas que no
cuenten con los requisitos básicos establecidos por Anses para acceder a la
jubilación ordinaria y también quienes perciban adicionales especiales sujetos a
carga horaria extraordinaria, salvo expresa renuncia del trabajador a recibir el
adicional. A estos casos se suman los de los agentes que integren el escalafón
seguridad.
Ahora bien, el borrador del proyecto esgrime que durante el tiempo que dure la
prejubilación, el trabajador al que le falten dos años para cumplir con la edad
percibirá el 70 por ciento de los haberes netos correspondientes a su categoría y
agrupamiento de un agente de planta permanente en actividad. Si le faltasen cuatro
años para cumplir de la edad mínima, la licencia será por el 60 por ciento.
A la vez, se indica que en ambos casos se abonarán aportes y contribuciones y se
aplicará el régimen de recategorización automática e incrementos salariales.
Finalmente, deja claramente marcado que, una vez notificado del otorgamiento del
beneficio jubilatorio por Anses, el trabajador tendrá la obligación de presentar su
renuncia.
