En la Cámara de Senadores, sobre tablas, ayer se trató el proyecto de ley que impulsa la inclusión laboral de las personas rescatadas de la trata. La propuesta, el miércoles último, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. De esta manera, los legisladores de la Cámara alta aprobaron la propuesta y sancionaron la Ley Provincial 5710 para la “Inclusión laboral de personas víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades”.

La Asesoría General de Gobierno, junto con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia y el Comité Federal de la Lucha contra la Trata de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Nación habían trabajado de manera coordinada en el proyecto de Ley.

Al momento de la sanción definitiva, el recinto contó con la presencia de Ivana Monferrán, quien es delegada nacional del Comité ejecutivo de lucha contra la trata y Ana María Contreras, presidenta de la ONG “No a la trata”.

Consultada al respecto, María Carrizo, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, comentó que este proyecto de ley evita la revictimización. “Si bien se rescataron a personas, aún falta la reparación del derecho. Falta ese trabajo y la vuelta a una nueva vida, libre de trata y de violencia”, consideró la secretaria.

La iniciativa para promocionar y garantizar el acceso al empleo a las víctimas rescatadas, se enmarca en compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales que imponen a los Estados parte impulsar una política de Estado para la prevención del delito, la persecución y sanción a sus autores y la protección y acompañamiento a las víctimas.

En detalle, la propuesta establece un incentivo económico para aquellos empleadores que contraten a personas rescatadas de este delito. Este beneficio consiste en el reintegro por parte de la provincia de las cargas sociales.

Al momento de los fundamentos, el senador por Valle Viejo, José Luis Martínez, expresó que “la inclusión no puede, y no debe, ser solo una voluntad declarativa sino debe ser plasmada en acciones concretas y positivas que la conviertan en realidad”.

La iniciativa para promocionar y garantizar el acceso al empleo a las víctimas rescatadas, se enmarca en compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales que imponen a los Estados parte impulsar una política de Estado para la prevención del delito, la persecución y sanción a sus autores y la protección y acompañamiento a las víctimas.

Política pública

Además, se prevé un sistema de pasantías laborales, con preferencia para aquellas personas que tengan hijos. Tales consisten en becas totales o parciales de trabajo con instituciones privadas que durarán un año o dos como máximo y el salario que reciba el trabajador o la trabajadora no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil.

A la vez, la iniciativa propone crear y mantener actualizada la “bolsa laboral” con datos de personas postulantes y sus aptitudes laborales y crear un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito privada. También, se dará asistencia a las personas que contraten, en cualquiera de las modalidades y recibirán apoyo durante la vigencia de la contratación.

En otro orden, se generarán vínculos y convenios con otros organismos estatales, cooperativas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas de trata y explotación en sus distintas modalidades. A fin de hacer efectiva esta normativa, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar la correspondiente adecuación de las partidas presupuestarias.