TENDRÁ LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA
Las partes no se opusieron y se autorizó la participación de los abogados que representan al Estado.
Días pasados, dos abogados que integran el plantel de Fiscalía de Estado fueron aceptados como querellantes particulares en la causa en la que se investigan las contrataciones directas del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles a la empresa AIR TOTAL.
En este caso, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat, quien inició la investigación de oficio, corrió vista a las partes, y no se opusieron a la participación de los abogados de apellido Aybar y Rosales, integrantes del cuerpo de abogados de la Fiscalía. De esta forma, el Estado tiene legitimación activa en la causa.
La posibilidad de que el Estado se constituya como querellante particular está avalado por el Código de Procedimientos Penales, en cuanto a los requisitos formales, y por la Constitución ya que Fiscalía de Estado tiene por misión velar por el patrimonio de la provincia en caso de que se hubiera producido algún perjuicio. De esta forma, los letrados podrán conocer los avances de la investigación.
La investigación está en la etapa de valoración de las pruebas que fueron recolectadas durante dos allanamientos.
El 14 de diciembre los legisladores provinciales y nacionales de la oposición que presentaron la denuncia en contra del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, y el propietario de la empresa AIR TOTAL, Rodolfo Gallo, se ante la Fiscalía para solicitar que se los constituya como querellantes y plantearon que se libre una serie de oficios al Registro de la Propiedad, al Tribunal de Cuentas y a los organismos que correspondan para levantar el secreto bancario de los denunciados. La denuncia que presentaron el 24 de noviembre se incorporó al expediente que había iniciado de oficio la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública.
Según trascendió, algunos de los que pidieron ser querellantes particulares no habían ratificado la firma en la presentación en Fiscalía. Es decir, aparecen en la presentación, pero es necesaria su firma o la designación de un apoderado que actúe en representación.
Los legisladores pidieron que se oficie al Registro de Proveedores de la Provincia y a las cámaras empresarias para que se remita una nómina de todas las empresas habilitadas que tienen en su base de datos. Este planteo es en relación con los dichos del ministro Niéderle en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde sostuvo que recurrían siempre a las mismas empresas “porque hay pocas”.
También pidieron que se arbitren los medios ante los organismos pertinentes para el levantamiento del secreto bancario y fiscal tanto del ministro Eduardo Niéderle como del empresario Rodolfo Gallo “para determinar si existió un incremento desproporcionado en su patrimonio”. Además, que se libren oficios al Registro de la Propiedad y los Registros Nacionales del Automotor para que indiquen qué bienes registrables poseen a su nombre.
En el pedido al fiscal, propusieron que se consulte al Tribunal de Cuentas si es que se realizaron auditorías en los últimos dos años respecto de los gastos y contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, y que se remitan copias si es que existieran.
En la denuncia que los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron el 24 de noviembre pasado le pidieron a la Fiscalía que indague en torno a la presunta cartelización de la obra pública, el desdoblamiento de las contrataciones y posibles incumplimientos en algunas de las obras que le fueron entregadas a AIR TOTAL.
Fuente: El Chasqui Digital
