«Tuve la oportunidad de conversar con el exintendente Ricardo Guzmán (FCS), y cuando él dejó el municipio había alrededor de 300 becados. Luego llegó la administración del hoy gobernador Raúl Jalil, y según palabras del secretario de Desarrollo Humano, Alberto Natella, este número de personas pasó a 4.500», reclamó.
En este sentido, insistió en que el bloque opositor no podía oponerse al proyecto porque implicaba otorgar derechos a personas que hoy no tienen aportes, ni obra social, pero lamentó que no pudieran hacer modificaciones a la norma. En la misma sintonía se expresó su compañera de bloque, Gilda Godoy.
«Alrededor de 300 personas con antigüedad de 10 años serían beneficiadas con esta ordenanza. Desde mi lugar, apoyo este proyecto siempre colocando la transparencia por delante. Como parte de la oposición voy a solicitar el listado de los posibles beneficiarios», comentó luego Navarro en sus redes.
El presidente de bloque del Frente de Todos, Daniel Zelaya, desestimó el reclamo de la oposición y aseguró que la gestión de Guzmán «dejó más precarizados». «Cuando asumió Raúl Jalil en la Municipalidad me tocó formar parte de su equipo (NdR: fue director de Higiene Urbana) y en ese momento hicimos un relevamiento. Estoy seguro de que la gestión anterior dejó mucho más que 300 becados. Me gustaría que el concejal Navarro me saque la duda», ironizó el edil, que por otra parte valoró que la nueva norma «establezca un mecanismo ordenado».
Según surge de la iniciativa, este beneficio incluye a los beneficiarios del Programa de Inclusión Capital Social, Sistema de Pasantías Educativas, Sistema de Becas de Trabajo por Tiempo Parcial, Programa Promover y todos los que en 2019 se incluyeron bajo el nombre de «Catamarca Ciudad Trabaja», o cualquier otro anterior que no se hubiera mencionado, y también a los contratos de locación de obra.
Queda excluido el personal del escalafón docente, el personal comprendido en regímenes de cooperativas, personal de gabinete, personal de Catamarca Ciudad Trabaja comprendidos en tareas de capacitación e inserción laboral en el sector privado y personal contratado con financiamiento nacional o convenios de colaboración. La incorporación será anual siempre que se respete el límite del gasto en personal establecido por Carta Orgánica en el 65% del Presupuesto Anual.
