Pasaron casi seis meses desde que el letrado Eduardo Andrada pidió al Colegio de Abogados que inste a la remoción de los jueces José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva por incumplir con dos artículos de la Constitución Provincial.
Corrido ese lapso y sin una respuesta de parte de la institución que nuclea a los profesionales del derecho, Andrada presentará hoy ante la cámara de Diputados el pedido de juicio político a los dos ministros de la Corte.
El propio Andrada recordó, en diálogo con radio Valle Viejo, que realizó la presentación ante el Colegio manifestando que “existían causales para el juicio político, basado en la falta de idoneidad moral de los miembros de la Corte”.
¿Cuáles son los fundamentos? “Conculcan el artículo 168 de la Constitución de la Provincia, que les impide a los miembros de la Corte, jubilados ellos, ejercer el cargo que detentan por superar la edad que prevé, es decir, los 65 años”.
“Ese es el fundamento central por el cual efectuaré el pedido de juicio político ante la cámara de Diputados”, aseguró el letrado.
Según explicó, la Constitución local “no distingue los distintos tipos de jubilaciones que pudiera haber”, con lo cual es la propia ley de leyes la que no diferencia jerarquías en los cargos. Es que el citado artículo expresa tajantemente que “no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas”.
En este sentido, Andrada observó que el 168 de la Constitución “jamás tuvo una acción en contra, nadie se presentó diciendo que el artículo es inconstitucional, ningún juez se sintió afectado”.
En medio quedó el Colegio, puesto que allí Andrada inició un proceso que incluyó entrevistas en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político de la cámara baja.
“Tuve una amplia expectativa de que el Colegio iba a ser el motor de esto y no quedó nada más que en expresiones y deseos,” observó, acotando que si bien se iba a conformar una comisión para el análisis, ésta “nunca se expidió”.
“En 42 años vi comisiones directivas y la totalidad son un apéndice del Poder Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno”, contempló Andrada. Apuntó que, llegado al caso, la actual comisión directiva no escapa a esa realidad.
“Tenía la secreta esperanza de que no lo fuera por las actitudes que tenía, pero indudablemente seis meses son más que suficientes para interpretar una norma”, remarcó. “No voy a esperar más al Colegio, voy a efectuar yo la denuncia”, afirmó.
En tanto, el letrado recordó que en 2011, antes de que asumiera la actual gestión de gobierno, “en el hotel Ancasti hubo una reunión con abogados por la ya electa Gobernadora”.
“Allí planteó la necesidad de cambiar la Justicia para que llegara hacia los más débiles”, hecho que, según observó, “fue un disparador para el gobierno de Brizuela del Moral, que se sintió espantado, pensando que se iba a producir el cambio”. “En siete años no sucedió absolutamente nada”, agregó.
Además, rescató que “ningún fiscal de Estado dijo en ningún momento que los magistrados no tienen idoneidad moral para estar”.
De forma crítica, apuntó que “las fallas son políticas pero también estructurales de quienes ejercen cargos para ser un pasatiempo, que es lo que hizo cualquiera de los fiscales de Estado”.
Para Andrada, la situación de los cortesanos “debía haber sido planteada en los juicios en los que el Estado es parte”.
En cuanto al rol de los diputados, consideró que “ahora, a partir de la denuncia, van a tener que trabajar sobre concreto: o le dan curso o lo desechan”.
“Es un acto serio y responsable el pedido del juicio político, será decisión de la cámara sustanciarlo o no”, concluyó Andrada.
