El último tema abordado sobre tablas por las y los integrantes de la Cámara Baja fue el veto del Ejecutivo a la Ley de Prestación Alimentaria Básica Parental (N° 5.777) el cual fue rechazado por unanimidad de las y los miembros presentes. A la vez, se ratificó el texto original de la iniciativa que fue presentada en su momento por la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) y que establece como obligatorio a funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado el pago de la cuota alimentaria de hijos e hijas hasta que la justicia se expida.

Durante el tratamiento al veto, Guerrero recordó que la iniciativa estaba sustentada fundamentalmente en la Convención de los Derechos del Niño y el principio del interés superior del niño. Consideró que los fundamentos emitidos por Asesoría General de Gobierno en el instrumento “al menos no resultarían suficientes para invalidar directamente una Ley que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras” y observó que no se analizó la Convención de los Derechos del Niño, tratado con jerarquía Constitucional.

“Cuando fue analizado el proyecto, que luego fue Ley, se habló claramente de lo que sucedía cuando un niño o niña era privado por alguno de sus progenitores de su derecho alimentario ya que no sólo se afectaba un derecho humano, lo cual ya constituye una vulneración grave, privando al niño del derecho a comer, a vestirse, a educarse, al esparcimiento” expresó. Guerrero también subrayó que “al evitar que se obligue a los progenitores deudores alimentarios que son empleados públicos a pasar los alimentos también se profundizan las brechas de género”. “Está en juego el interés superior del niño que en este proyecto no fue analizado en los fundamentos del veto” señaló para remarcar que “el derecho a la alimentación es un derecho humano básico”.

Por su parte, Juana Fernández (UCR-JPC) expresó el rechazo al veto: “No solo la alimentación es derecho humano, sino bregar, como esta ley, de qué manera agilizamos y cómo ayudamos y resolvemos mediante leyes”. Luego, Adriana Díaz (FT) destacó que la Ley tuvo “como objetivo enmendar los tiempos respecto de la justicia en cuanto a cuotas alimentarias” mientras que Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) contempló que están “equivocados los fundamentos del veto” y que el objetivo de la Ley fue “resguardar de alguna manera los derechos del niño de forma provisoria hasta tanto la justicia se expida”.

A sus respectivos momentos adelantaron el acompañamiento de rechazar el veto María Argerich (FT), Pablo Castro (FT), Natalia Herrera (UCR-JPC) y Alejandra Pons (UCR-JPC).

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