El diputado provincial Daniel Lavatelli presentó un proyecto de ley proponiendo la creación del “Consejo Provincial para la Promoción, el Fortalecimiento y la Defensa de los Derechos Humanos”.
En ese sentido, apunta a que el consejo estará integrado por un representante del ministerio de salud de la Provincia, uno del ministerio de Desarrollo Social, uno de la dirección de Derechos Humanos de la Provincia u organismo que en un futuro lo reemplace y un representante de la secretaría de Estado de Seguridad Democrática. Habría miembros de CPI (Consejo de Participación Indígena), según ley nacional N° 26.160 de Comunidades Indígenas, un representante de cada asociación relacionada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT con personería jurídica y probada trayectoria en la provincia, uno por cada asociación de derechos humanos. Habrá también integrantes de cada asociación relacionada a la defensa por los derechos de género, de cada asociación relacionada a la defensa por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; un representante de cada asociación u organismo vinculado a la defensa por los derechos humanos de las personas adultas mayores y un representante de cada asociación u organismo relacionado a la defensa por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Todos estos organismos deberán contar con personería jurídica y probada trayectoria en la provincia.
Entre sus objetivos generales, el proyecto presentado menciona: coordinar y programar acciones relacionas con el tratamiento específico de los derechos humanos su promoción y fortalecimiento en la sociedad civil y en el Estado, impulsar y generar el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la prevención de vulneraciones a los derechos humanos, asesorar en relación con la elaboración de todo proyecto, iniciativa de creación o modificación de normas y/o programas que involucren derechos humanos, siendo su opinión de carácter vinculante; articular relaciones interinstitucionales con las autoridades de los tres poderes del Estado, organismos e instituciones públicas y privadas, entre otros.
Asimismo en cuanto a las funciones que se atribuirían al consejo se destacan las de generar la creación de un observatorio a partir del diagnóstico situacional en relación con la defensa, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos, brindar fortalecimiento institucional a organismos públicos, privados y de la sociedad civil; propiciar instancias de concientización y visibilización que promuevan en lo colectivo el reconocimiento de las situaciones de vulneración a los derechos humanos, entre otras.
