Los abogados Héctor Rivera y Alejandro Bosio, representantes legales de la familia Lee Ren Cheong, propietarios de las tierras en las que se encuentran las Termas de Fiambalá, presentaron una demanda civil en el juzgado de Tinogasta en contra de la Municipalidad de Fiambalá. En ese marco, los letrados formalizaron demanda de reivindicación, medida cautelar y daños y perjuicios. Antes, ya se había presentado una denuncia penal contra el municipio.
La familia Cheong asegura ser propietaria de cerca de 33 mil hectáreas en las que se encuentran las Termas de Fiambalá. La intendenta Roxana Paulón había iniciado una gestión por la prescripción administrativa. Mientras tanto, en la Legislatura se encuentra el proyecto que envió el Ejecutivo para la expropiación de 1.200 hectáreas.
En mayo, Bosio había explicado a El Ancasti que la intendenta Roxana Paulón inició una acción de prescripción administrativa, que implica un reclamo sobre las tierras, pero sostuvo que se trata de una acción que no corresponde por esa vía. Aclaró que la prescripción administrativa «es un trámite abreviado de lo que sería una prescripción judicial. La prescripción administrativa se da sobre terrenos que no tienen poseedores ni titulares, por eso no demandan mayores trámites», explicó y añadió que éste no es el caso porque además la familia ya vendió otros terrenos con lo que queda demostrada la titularidad sobre esas tierras.
Los denunciantes manifiestan que el municipio de Fiambalá argumenta la posesión de las tierras “sin adjuntar ningún tipo de informe de los respectivos organismos donde se especifique el origen de la posesión y el destino o afectación que haya tenido el inmueble que pretenden poseer. Entendemos que no bastan informes genéricos o imprecisos de los cuales no resulte de manera fidedigna la fecha o época cierta del inicio de la posesión. Deben considerarse insuficientes aquellos informes que no se apoyen en datos ciertos comprobables”, fundamentaron.
Más adelante, los abogados de la familia señalan que la información que el municipio aportó en el expediente es «falsa». «El expediente se erigió sobre un cúmulo de información falsa, errónea e inexacta ya que la Municipalidad no cuenta con la posesión sobre esas extensiones y ciertamente solo cuenta con el permiso de uso en una fracción de 14 hectáreas aproximadas. La Municipalidad no reúne ninguna de las condiciones legales exigidas para adquirir el dominio», indicaron en la presentación.
Durante su visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil aludió en un discurso a las críticas de la oposición por las 1.200 hectáreas que se pretende expropiar. Desde Juntos por el Cambio recordaron que el proyecto del exintendente Amado «Coco» Quintar era expropiar solo 40 hectáreas.
“¿Qué hay de trás de todo esto? La verdad es muy difícil de saberlo», dijo el diputado de la UCR Francisco Monti en declaraciones a la prensa. «Se quiere expropiar las Termas de Fiambalá, pero nos mandan un proyecto de ley por 1.200 hectáreas. En Rusia después de la caída de Unión Soviética, quedaron muchas propiedades y aparecieron muchos negocios privados y nuevos ricos, a uno lo hace sospechar todo esto de la megaexpropiación», cuestionó el legislador y agregó que «pueden aparecer más adelante concesiones y ventas que involucren a intereses privados distintos a los intereses públicos; desde esa perspectiva me parece que sería algo inconstitucional, inaceptable».
En su mensaje, Jalil aludió a las críticas de la oposición: «Yo calculo que en unos días más saldrá la expropiación porque hay problemas legales, y para resguardar el paisaje se tomó la determinación de expropiación de una superficie bastante importante de lo que es el entorno de las Termas”, expresó el mandatario, quien además señaló que se están proyectando nuevas obras en las Termas. Adelantó que el municipio de Fiambalá deberá convocar a una audiencia pública para poner las obras a consideración de los vecinos. «Coincido con Roxana (Paulón) que la gente por seguridad no pueda pernoctar ahí en las Termas, por una cuestión de seguridad», añadió.
De esta manera, Jalil justificó la expropiación con el objeto de realizar más obras. Sin embargo, llama la atención que el trámite de prescripción que inició la intendenta Paulón es por 1.200 hectáreas. Por ahora, el Gobierno tampoco inició contacto con la familia propietaria de las tierras para analizar las condiciones para una futura expropiación.
