Desde la Dirección del Hospital Interzonal San Juan Bautista aclararon punto por
punto los planteos realizados por la diputada opositora Natalia Herrera (UCR-JxC)
quien tras una nueva visita al nosocomio de cabecera corroboró “una serie de
anomalías en sus servicios de salud que desde hace tiempo son ineficientes”.
El comunicado oficial alude a la legisladora ya que indicó que “el mamógrafo sigue
sin funcionar desde noviembre del año pasado”, que no se están realizando
tomografías y que la cabina de flujo laminar “está sin funcionar desde hace tres
meses aproximadamente”.
En primer lugar, desde el nosocomio se aclaró que en el caso del mamógrafo “se
inició nuevamente el procedimiento de contratación para la adquisición del equipo”.
Sucede que el primer proceso licitatorio, “que tuvo fecha apertura en agosto de
2023, fracasó ya que no cumplía con el pliego de condiciones particulares y
excedía en un 136 por ciento del presupuesto oficial”.
Además, explicaron que “con el fin de continuar dando respuestas a los pacientes,
tanto en su diagnóstico como post-tratamiento, se tercerizó mediante contratación
por concurso de precio resultando ganador el Instituto Dr. Avellaneda”. En este
orden de ideas, aclararon que “este proceso se aplica solo a ciudad Capital, ya
que las áreas regionalizadas cuentan con sus respectivos mamógrafos, quedando
a cargo del San Juan Bautista realizar los informes correspondientes a través del
Programa del Cáncer de Mamas, dando contención y seguimiento a los pacientes”.
Sobre la cabina de flujo laminar, la dirección del hospital de cabecera detalló que
“funcionó hasta mediados del mes de junio, procediendo a la adquisición de una
nueva” por parte del San Juan Bautista. Para el caso, detallaron que “el día 28 de
junio de 2023 se realizó la licitación correspondiente quedando concretada la
orden de compra en julio del 2023”. “Actualmente, se espera la entrega de la
misma por parte del proveedor” subrayaron.
En tanto, señalaron que “desde el mes de junio los tratamientos se realizan a
través de la tercerización del servicio en aquellos centros que se encuentran en
condiciones de prestación del mismo, garantizando la continuidad del tratamiento,
y la provisión de medicamentos a través del Ministerio de Salud”.
También hubo precisiones sobre las artroscopias. En este sentido, el nosocomio
indicó que “dichas prácticas requieren de una aparatología particular, que
actualmente no se encuentra en el país”. A la vez, remarcaron que “desde el
Hospital se continúa con la búsqueda de proveedores que se presenten a licitación
para la compra de dicho aparato”. En esta línea, aclararon que “cuando se
requiere de este estudio, se solicita la derivación a otro centro, quedando a cargo
de Dipromesi (la Dirección Provincial de Medicina Social Integral), paciente sin
cobertura médica, o Incluir Salud (exProfe)”.
Cerca del final, se destaca que el San Juan Bautista “atiende todas las patologías
existentes que requieran una práctica quirúrgica con el objetivo de dar solución a
nivel local y evitar el desarraigo de los pacientes, salvo casos muy específicos en
los cuales se solicita la derivación del paciente a otros centros de salud de mayor
complejidad dentro o fuera de la provincia, según disponibilidad de la práctica
requerida”. Sobre este eje, resaltaron que “esto se efectúa guiados por el espíritu
de dar respuesta a las necesidades de cobertura de la población, por tanto, en las
diferentes contingencias se toman las decisiones antes mencionadas, con el único
objetivo de asegurar la accesibilidad y equidad de los servicios de salud a la
comunidad”.
Cabe rescatar que Herrera afirmó que desde el Ministerio de Salud, “se tomó la
decisión de realizar convenios y derivar la prestación de todos estos servicios a la
parte privada, lo que por supuesto resulta sumamente costoso para las y los
catamarqueños”. También había considerado que era “una avivada enorme no
comprar la aparatología necesaria para realizar las artroscopías” y, con un perfil
más político, disparó que “permitir que el San Juan permanezca en estas
condiciones tiene como consecuencia inmediata empobrecer una provincia que
paga sumas millonarias a sanatorios privados, pero no a cualquiera, sino que casi
con exclusividad a las empresas del clan Jalil”.
