En la sesión de ayer, la cámara alta de la Legislatura aprobó con media sanción el
proyecto presentado por la senadora representante de Paclín, Virginia del Arco,
sobre la “protección laboral a víctimas de violencia de género”. De acuerdo a la
iniciativa, la intención es resguardar el ingreso familiar de la mujer con carga
familiar. Para ello, la víctima debe acreditar ser cónyuge o conviviente para
acceder al “derecho a ser nombrada sin prueba de selección al cargo vacante por
cesantía, exoneración o despido del agente de la Administración Pública”, ya sea
contratado o de planta permanente y que haya sido imputado de un hecho de
violencia de género.
Durante la sesión, la autora del proyecto indicó que “resulta irrebatible afirmar que
el despido de la Administración Pública resulta justa, ecuánime y necesaria” en el
caso de que una persona haya sido condenada por violencia de género,
“resultando inconcebible que siga siendo empleado público o percibiendo sus
haberes”. En este sentido, indicó que dicha esa circunstancia es “absolutamente
incompatible con los estatutos que regulan el personal de la Administración
Pública y la normativa concordante”.
“Este despido totalmente justificado termina produciendo un gravísimo perjuicio
hacia su víctima y su familia, pues al quedar sin ingresos económicos el victimario,
la víctima no puede siquiera reclamar los alimentos de los hijos en común, ni la
reparación económica”, remarcó la legisladora. Así, consideró que a través del
proyecto “será factible salvaguardar la economía familiar de las víctimas de
violencia de género con carga familiar, fomentar e incentivar la denuncia y el
avance en la lucha de la víctima de violencia en busca de justicia y motivar a la
víctima a continuar una vida sin violencia junto a su grupo familiar, con un trabajo
digno y preservando sus ingresos, garantizando el acceso al puesto de trabajo que
detentaba su victimario, logrando así independencia laboral y económica”.
