Tras el veto a la “Cláusula Aybar” por parte del Poder Ejecutivo, hubo repercusiones desde diferentes espacios políticos, sin distinción de banderas. En este sentido, las opiniones tuvieron en común la crítica a la decisión del Ejecutivo, planteando diferentes argumentos al respecto.

Cabe recordar que la “Cláusula Aybar” dispone la suspensión y/o destitución de intendentes o concejales condenados por delitos sexuales o de género.

Presidenta de la Cámara de diputados Cecilia Guerrero

Con relación a la mencionada noticia, la diputada provincial (FT) Cecilia Guerrero se pronunció a través de su cuenta de Facebook, mediante la cual expresó que “el sistema político debe encontrar la forma de darle la espalda a los violentos y abusadores, y abrazar, contener y proteger a las victimas de las violencias”.

“Porque no solo el principio de inocencia tiene raigambre constitucional. También lo tiene el derecho de las mujeres y disidencias de vivir una vida libre de violencias, de ser respetadas en su autodeterminación de acceder a la justicia y obtener una sentencia justa en tiempo oportuno. Los derechos de las Mujeres son Derechos Humanos, y su violación debe ser combatida, erradicada y sancionada. No se puede mirar mas para otro lado. Tampoco se puede seguir tolerando pactos machistas que consagren, convaliden o consientan la perpetuación de impunidades”, manifestó.

Diputada provincial Adriana Díaz

Por otro lado, la diputada provincial Adriana Díaz (FT), se sumó y dijo que “la norma sancionada bajo el número 5.702 proponía la modificación del Artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal. En ella, se incorporaba la destitución o suspensión del Intendente o miembro del Concejo Deliberante, si fuese condenado penalmente por delito doloso, hasta tanto se resuelva en sentencia definitiva” y también “por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones y/o inhabilidad física o moral grave sobreviniente”.

“Sigo considerando que cuando un funcionario público es procesado, corresponde el apartamiento de las funciones hasta tanto se resuelva. Y, si es condenado, su inmediata destitución. De esta manera, se contempla la dimensión ética, y también la dimensión de desigualdad que de hecho se genera ante la ley, sobre todo si se tiene en cuenta que para un cargo de docente, por ejemplo, se precisa un certificado de antecedentes limpio. Desde el Estado se debe dar estos pasos. Si bien la igualdad ante la Ley es un Derecho Humano, estar en lugar de ejercicio de poder suprime esta igualdad, de hecho”, concluyó.