“Si eso pasó este año, con un recorte del 15%, imagínense si materializan esta idea que he leído en los periódicos de que se va a disminuir un 30% el presupuesto retaceando 5.200 millones de pesos para el ejercicio siguiente. Eso significará que en septiembre de 2023 quedaremos sin recursos”, advirtió.
Por último, cuestionó que toda la situación ya está en conocimiento de las autoridades pertinentes. “El Poder Judicial de la Provincia tiene que tener la entereza para fallar y resolver respecto de la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y respecto de ese mismo Poder Ejecutivo no puede estar el Poder Judicial de rodillas pidiendo recursos para pagar los sueldos. Esto se lo transmití por nota a la ministra de Hacienda el 15 de septiembre reclamando los fondos para poder funcionar como servicio. Se lo hice saber al vicegobernador personalmente en el momento del aniversario de la ciudad de Pomán. Lo sabe el propio Gobernador. El Poder Judicial, en este caso, es el más débil en materia presupuestaria. El Poder Ejecutivo tiene la espada, el Poder Legislativo es el que lo aprueba, pero nosotros somos solo un tercero interesado”, sostuvo.
Sobre los salarios
Por otra parte, Figueroa Vicario cuestionó que el Ejecutivo “pretende que el Poder Judicial, cuando dé los incrementos salariales, lo haga aplicados sobre el haber que percibían los agentes de la Administración de Justicia a enero”. “Nosotros los aplicamos sobre el último sueldo percibido porque usted cuando observa, por ejemplo, que el combustible sube un 5%, ese incremento del combustible es sobre el precio actual, no sobre el de enero”, comparó.
“Con la regla que aplica la Legislatura, al poner un 60% de tope a incrementos salariales para el año siguiente, significa que en la práctica el aumento tendrá un tope del 49% por el modo en que lo aplicamos nosotros, con una inflación pronosticada por todas las consultoras que excederá el 100% en 2023. Es decir que se perderá casi un 50% del poder adquisitivo del dinero para el año que se avecina”, lamentó el presidente de la Corte. En esa línea, indicó que este año llevan totalizado un 62,9% de incremento salarial “con una inflación que acumulada en el 2022 que supera el 70% y faltan noviembre y diciembre”.
“Se nos reprocha que gastamos mucho porcentaje en personal, pero se olvida que el Poder Judicial presta un servicio. No construimos rutas ni puentes. Se brinda un servicio de justicia, donde necesariamente el mayor gasto es de personal”, remarcó y explicó que el presupuesto no prevé incremento en la cantidad de empleados.
Por otra parte, Figueroa Vicario explicó que para llevar el servicio de justicia a toda la provincia “tenemos casi 50 inmuebles alquilados”. “El Poder Legislativo aprobó para este año una suba en los alquileres del 33%. Imagínense los problemas que tenemos cuando debemos renovar los contratos, porque ningún locador acepta la renovación con esa actualización”, apuntó.
Pedirán la autarquía de la Justicia
El ministro de la Corte de Justicia, Hernán Martel, también se refirió al recorte presupuestario y anticipó que presentarán un proyecto en la Legislatura para pedir la autarquía financiera del Poder Judicial.
«Se analiza la posibilidad de presentar una ley de autarquía financiera para que el Poder Judicial tenga sus recursos de manera autónoma para garantizar la independencia del Poder Judicial», señaló en diálogo con EL ANCASTI y explicó que la normativa rige en otras provincias y también para la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, Martel confirmó que el recorte presupuestario impide poner en marcha el fuero de Violencia de Género, que fue creado en 2015, y la Cámara de Apelaciones, con asiento en Belén, que ya están creados e incluso varios cargos ya fueron concursados. Según explicó, no es solo el presupuesto para el cargo creado sino que implica contar con recursos para toda la estructura que se crea.
