Recientemente el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27742/24 denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, hasta el momento, con reglamentación parcial de esta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El Capítulo VI aborda el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” cuya adhesión o no por parte del Estado Provincial es motivo de debate en la Legislatura de Catamarca.
Entendemos como Pastoral Social Diocesana que, durante el proceso del debate, discusión y análisis hasta llegar a la decisión final de nuestros legisladores catamarqueños, indefectiblemente tienen que consensuar opiniones partidarias, corporativas e ideológicas, y escuchar a asociaciones profesionales, asesores y expertos, además de sostener sus propias convicciones personales. Nos parece una muy buena metodología dado la importancia que implica la adhesión o no al RIGI a los intereses del Estado Provincial y de toda la población de Catamarca.
Cuando se planifica el futuro de la provincia en el uso de sus recursos y la proyección socioeconómica de la población en el marco del cambio climático en que estamos inmerso es importante tener una visión integral, global y de largo alcance temporal, de manera de que lo que se plasme en el orden de las ideas ahora se concreten en obras que sirva tanto para la presente generación de catamarqueños como las venideras.
Observamos hasta el momento que con cierta lógica, por su actualidad y potencial, se pone énfasis en la posible aplicación del RIGI a la actividad minera, pero consideramos que no se puede perder de vista, que aquella herramienta jurídica también tiene aplicación a otros recursos que dispone Catamarca y que pueden ser objeto de inversiones: en el campo de la energía existe potencial geotérmico en Antofagasta de la Sierra y probablemente en el norte de Belén, y ya se ha comprobado en varios departamentos del territorio provincial que es factible la utilización de la energía solar a través de la instalación de campos de paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica; el turismo, industria sin chimenea, posee un buen presente y un elevado potencial en todo el territorio provincial por la variedad de paisajes, climas, recursos naturales, cultura y calidez humana; en infraestructura, hay mucho por hacer en cuanto a rutas y vías férreas interprovinciales e internacionales para mejorar el transporte público y de cargas y la comunicación necesaria para el desarrollo integral de la provincia; por último, nuestra provincia requiere de diversas tecnologías actualizada y de nodos tecnológicos -además de los existentes- para promover y formar a los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías e informática, como así también para comunicar e interconectar con redes telemétricas confiables a todo el interior provincial, a la provincia con estados vecinos y el mundo, como así también para que a través de la tecnología de procesos se instalen, preferentemente compañías nacionales o provinciales, con el objetivo de darle valor agregado a las materias primas locales, multiplicar los beneficios al estado provincial y la mano de obra ocupada. De esta manera también se rompería la tendencia actual de que en nuestra provincia la minería y demás actividades relacionadas a los distintos recursos naturales tienen características de extrativistas.
En el campo minero, consideramos que debe tenerse presente la reciente experiencia que tuvo la provincia de Catamarca con la explotación de Bajo La Alumbrera (1997-2018). Es decir, evaluar si entre los saldos positivos se pueden acreditar: rutas, redes de telecomunicaciones, nuevos servicios de agua potable, ampliación de redes de energía eléctrica, construcción de establecimientos educativos, si se mejoró el nivel de vida de población, que se hizo para mejorar la seguridad, cuantos hospitales se construyeron y como evolucionó el empleo privado y público. En cuanto a los saldos negativos sería conveniente que se detalle si hubo: contaminación del agua, suelo y aire, pérdida de biodiversidad, inmigración, daños en viviendas y sitios arqueológicos, disminución de flora y fauna, etc., que le quedaron a los catamarqueños y particularmente a las poblaciones urbanas y rurales de la zona oeste y a los habitantes de los pueblos originarios de los departamentos con recursos mineros y analizar cuál fue el proceso y resultado final en el aspecto medio ambiental.
Mientras continúan los debates para discernir la adhesión o no de la provincia de Catamarca al RIGI en los ámbitos legislativo y académicos, realizamos las siguientes reflexiones:
1-Cualquier decisión que se tome debería seguir el principio del bien común, es decir que sea ampliamente favorable a la mayoría de la población en términos de generación de trabajo genuino, durabilidad y de buenos niveles salariales; avance concreto en la calidad de vida de la población; optimización continua del control y protección del medio ambiente; fortalecimiento y promoción de las pymes, emprendedores y proveedores locales.
2-Que la decisión final de los legisladores ya sea a través del RIGI u otro sistema alternativo de promoción de las inversiones, tenga como norte el despegue productivo y económico definitivo de las economías regionales, especialmente de las zonas más postergadas del Oeste, Este y la Puna catamarqueña, con indicadores de mensurabilidad comprobable.
3-Que se respete en todos sus términos la dignidad de la totalidad de los ciudadanos catamarqueños, especialmente en los aspectos laborales, idiosincrasias, de equidad de oportunidades de acceso al trabajo y el derecho a una respetable calidad de vida y prosperidad en un ambiente equilibrado y sin contaminación de los recursos naturales vitales.
4- Que se tenga presente y se cumpla con los programas de compre de productos catamarqueños y que en los proyectos eventuales a concretarse a través del RIGI u de otro sistema alternativo de promoción de las inversiones tengan preferencia la ocupación de mano de obra local.
5- Que los proyectos de inversión, cualquiera sea su índole, rubro u escala, cumpla previamente a su ejecución con los informes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la licencia social de parte de las poblaciones próximas a los enclaves productivos.
6- Que la prioridad en el uso de los recursos naturales, caso concreto del agua siempre tenga preferencia el abastecimiento a las poblaciones y de uso pecuario, como lo dispone la ley de aguas de la provincia de Catamarca.
7-Que los señores legisladores provinciales evalúen si la herramienta jurídica que se analiza provoca o no menoscabo a la Soberanía y la Autonomía del Estado Provincial en sus derechos o en sus leyes.
8- Que el debate legislativo sea propicio para la instalación de la necesidad de promover, proteger e incentivar a la pymes y micro pymes existentes y futuras en el ámbito provincial, especialmente con la adecuación de la legislación provincial vigente mediante proyectos de ley que tiendan a disminuir los altísimos costos de producción e impuestos diversos que afectan a aquellas.
9- Que esta oportunidad de debate en nuestra legislatura provincial esté signada en el marco de un amplio y generoso diálogo político cuyo eje sea el bien común y para que también sea una oportunidad para dar inicio a la libre circulación y flujo -sin obstáculos de ninguna índole- de toda la información y documentación técnica y económica de los proyectos productivos de las diferentes actividades, especialmente las incentivadas (minería, agroindustria, industrial, turística), con el objeto de que la totalidad de los ciudadanos tengan acceso a ellos, como lo explicita la ley de acceso a la información pública. Una buena medida sería que cada organismo público del estado provincial cuente con páginas web actualizadas donde se suban toda la información disponible, incluido las EIA, convenios, informes técnicos y otros.
San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de agosto de 2024.
