Con una contundente afluencia de público, se llevó adelante en la tarde catamarqueña de ayer la quinta Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública con foco en el financiamiento de las instituciones.
La manifestación, encabezada por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano y el vicerrector, Ing. Carlos Savio, acompañados por Decanos, Secretarios, autoridades académicas, gremios docentes, no docentes y distintos actores sociales del Poder Ejecutivo, Legislativo, numerosos estudiantes y público en general; se llevó a cabo en consonancia con los reclamos federales de todas las universidades del país.
Tal y como estaba previsto, una columna de personas que se congregó en la Escuela Preuniversitaria ENET N’1, marcharon al encuentro de otra importante columna con la que se dirigieron a la explanada Universidad Nacional de Catamarca, en Belgrano y Junín. Desde allí, los manifestantes marcharon se rodeando el edificio histórico.
Antes de la desconcentración, Arellano compartió con los presentes el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en un fragmento manifiesta que “Esta es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)”.
En otro de sus tramos, el documento señala que “la decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y nodocentes. Esta definición política, a lo largo de estos casi tres años, produjo un persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios, una alarmante precarización de las condiciones de vida de docentes y nodocentes y pone en riesgo las vocaciones académicas, los saberes acumulados y capacidades técnicas y estratégicas. Esto compromete el principal sostén de nuestras instituciones que llevó décadas de esfuerzo construir al que un país soberano no debería renunciar”.
