El bono para jubilados de hasta $70.000 fue prorrogado para noviembre mediante el decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Sin embargo, el refuerzo permaneció congelado desde marzo de 2024 y, debido a la inflación acumulada, perdió aproximadamente el 70% de su valor original.

Según los cálculos difundidos, si el bono hubiera acompañado las actualizaciones de los haberes previsionales, actualmente debería alcanzar los $231.253. De esta manera, los jubilados que perciben la mínima cobrarán en noviembre $514.158, cuando el ingreso total habría ascendido a $675.411 con el refuerzo actualizado.

La diferencia representa $161.253 menos durante noviembre para cada beneficiario del haber mínimo. Además, el bono no forma parte del haber jubilatorio, por lo que tampoco se considera para calcular el sueldo anual complementario o aguinaldo.

El bono representa cada vez menos del ingreso jubilatorio

El congelamiento modificó considerablemente la participación del refuerzo en los ingresos previsionales. En marzo de 2024, el bono equivalía al 52% del haber mínimo, mientras que en noviembre de 2026 representará apenas el 15,7% del haber jubilatorio sin refuerzo.

La decisión alcanza aproximadamente a tres millones de jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de otros 1,5 millones de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas.

Mientras tanto, el haber mínimo tendrá en noviembre un incremento del 1,93% respecto de octubre y llegará a $444.158. Con el adicional de $70.000, el ingreso total será de $514.158, aunque el refuerzo continuará sin modificaciones.

Los ingresos quedaron por debajo de la inflación

El impacto del congelamiento también quedó reflejado en la evolución de los ingresos durante 2026. Entre enero y septiembre, la inflación acumulada alcanzó el 23,6%, mientras que el haber mínimo con bono aumentó solamente un 21,3%.

Durante ese período, el ingreso total de los jubilados de la mínima pasó de $410.880 a $498.633. Por su parte, la PUAM registró una actualización del 20,5%, mientras que las pensiones no contributivas aumentaron un 13,9%.

Estas diferencias evidenciaron que los incrementos aplicados a los haberes no compensaron completamente el aumento de los precios, debido a que una parte del ingreso permaneció sin actualización, publicó Clarín.

El congelamiento del bono llegó a la Justicia

La situación también tuvo repercusiones judiciales. En agosto de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social se pronunció en la causa Varela Alberto contra ANSES sobre las consecuencias del congelamiento del refuerzo.

El tribunal determinó que una pérdida superior al 15% podría resultar confiscatoria y vulnerar las garantías establecidas en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

El Gobierno nacional apeló la resolución, por lo que la controversia judicial continuó abierta.

El reclamo planteó la necesidad de actualizar el bono y compensar las pérdidas acumuladas por los beneficiarios alcanzados.

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