Imputaron a dos abogados por «truchar» una cédula judicial

Dos abogados fueron imputados porque supuestamente habrían «falsificado» una cédula de notificación de una Fiscalía Penal para presionar a un cliente para que pagara una suma de dinero.

Se trata de los abogados Sebastián Ibáñez y Daniel Depratiz, quienes fueron imputados por el delito de «estafa en grado de tentativa». Depratiz en calidad de autor e Ibáñez como partícipe necesario.

La causa se inició en julio del 2017 y tuvo como damnificada a la madre de una persona que estaba detenida por un abuso sexual. El caso era investigado por el exfiscal de instrucción N°7, Miguel Mauvecín, quien tomó conocimiento que los abogados habían solicitado dinero a la madre del imputado y que le aseguraban que tenían influencia en el
fiscal del caso. También le habrían manifestado a la mujer que Mauvecín les había expresado que efectuaran un pedido de caución. Por tal motivo le exigían la entrega de $10.000.
La madre del detenido se dirigió a Fiscalía y relató lo acontecido. Además, le mostró la fotografía de una cédula de notificación que supuestamente había sido emanada por la Fiscalía N°7. En la cédula (en vez de Miguel decía Víctor Mauvecín), se «emplazaba» al acusado y a su defensor «para que en el término de 48 horas presenten el pedido de
sobreseimiento». Si el acusado no cumplía con esa solicitud «será enviado a juicio oral con su inmediata detención», rezaba el documento falsificado.
De inmediato, el fiscal Mauvecín realizó la denuncia penal en Fiscalía General. La investigación y posterior imputación fue realizada por el fiscal de instrucción N° 1 Federico Maturano, quien días atrás notificó de la acusación a ambos letrados.
En la investigación surgió que Depratiz estaba a cargo de la defensa del sospechoso y que había acordado el pago de sus honorarios con la madre de este. Posteriormente se contactó telefónicamente Ibáñez – quien no estaba a cargo de la defensa – para pedirle dinero a cambio de conseguir la desvinculación en el caso.
Por su parte, Depratiz se había contactado con el detenido para anunciarle que instaría el sobreseimiento, pero que debía pagarle los $10.000. Posteriormente del celular de Ibáñez se envió la cédula de notificación «trucha», que no tenía las firmas del fiscal y del secretario.
El escenario armado por los abogados no se condecía con la realidad, ya que no existía ninguna orden de excarcelación, ni tampoco había sido pedida la elevación a juicio.
La maniobra engañosa no fue concretada porque la madre del detenido informó de lo ocurrido a la fiscalía.