Con la premisa de transformar el crecimiento turístico en un desarrollo planificado, autoridades municipales y legislativas avanzan en el diseño de una normativa para crear el Registro Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos. La iniciativa fue el eje central de un encuentro que reunió a funcionarios municipales, equipos técnicos y representantes parlamentarios para delinear las bases de una oferta más articulada y competitiva.
Del encuentro participaron el Diputado Nacional y Vicepresidente de la Comisión de Turismo, Fernando Monguillot; el concejal Gustavo Aguirre; la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez; la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, junto a los coordinadores técnicos Jorge Cejas, Lilian Ahumada y María Elisa Gasó.
El proyecto surge como respuesta a un diagnóstico del Observatorio de Turismo Municipal, que advirtió una expansión desarticulada de la oferta local. Ante este escenario, el municipio decidió intervenir bajo sus facultades constitucionales para potenciar la actividad, siempre en coordinación con las competencias del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia.
La herramienta legal alcanzará a la totalidad de los servicios directos que integran la cadena de valor, desde alojamientos y gastronomía hasta guías, operadores de turismo activo, agencias de viajes, transporte y el segmento de eventos y servicios MICE.
Lejos de ser una norma restrictiva, el espíritu de la ordenanza se centra en el fomento del sector. Los prestadores que integren el registro accederán a beneficios exclusivos como campañas de promoción, sellos de calidad, programas de capacitación técnica y líneas de financiamiento. En paralelo, se establecerán criterios claros de habilitación comercial y fiscalización de instalaciones, con el fin de garantizar estándares óptimos de seguridad para los turistas.
La hoja de ruta liderada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ya completó las fases de estudio del marco legal y el mapeo de la planta de servicios actuales. El proceso continuará con una instancia de participación ciudadana, diseñada para que los actores del sector privado puedan realizar aportes y sugerencias. Una vez concluida esta etapa de consenso, el proyecto será elevado al Concejo Deliberante de la Capital para su debate y posterior aprobación.
