Ayer, el Gobierno provincial informó que el Poder Ejecutivo analiza nuevas sanciones para las personas que incumplan los términos del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio. Aquellas, según explicaron, serán solicitadas ante las autoridades nacionales y expuestas a los sindicatos locales.
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno provincial señaló que “ante la constante realización de reuniones sociales y otras actividades que pueden representar un peligro epidemiológico, en el marco de la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo estudiará el pedido ante Nación para que las personas que no cumplen con el DISPO o el ASPO sean sancionadas con la eliminación del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia u otros beneficios sociales nacionales”.
Además, se explicó que las autoridades dialogarán con los sindicatos locales para que -aparte de las sanciones que se apliquen mediante multas- se proceda al despido del personal público que incurra en incumplimientos graves del DISPO o el ASPO.
Por último, también se analiza que las personas, propietarias de domicilios donde se realicen fiestas o reuniones sociales por fuera de los límites establecidos por la normativa vigente, sean eliminadas del registro de proveedores del Estado y sancionadas mediante la imposibilidad de volver a ser registrados como tales.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad informó que, desde su entrada en vigencia el pasado 5 de septiembre hasta la fecha, ya se labraron más de 700 notificaciones por infracción al Decreto Nº 1578 y señalaron que se incrementarán los controles.
