La diputada provincial del Frente de Todos y presidenta de la cámara de Diputados,
Cecilia Guerrero presentó un proyecto de Ley mediante el cual “no podrán ingresar ni
permanecer como funcionarios o empleados de la Administración Provincial, en
ninguno de los poderes del Estado, las personas condenadas por sentencia firme,
por delitos cometidos mediante el ejercicio de violencia de género, delitos agravados
por violencia de género y delitos contra la integridad sexual”.
Asimismo, la diputada señala que “considérase a la violencia de género como una
ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus
derechos humanos”, y que en función de eso “establécese que los hechos de
violencia de género cometidos por funcionarios, empleados y agentes del Estado
Provincial, de los tres poderes en los que se encuentra dividido el Gobierno de la
Provincia, sea que se produzcan en el ámbito de sus relaciones personales,
familiares o laborales, constituyen conducta indecorosa e indigna de la consideración
y confianza que su estado oficial exige y resultan incompatibles con el acceso,
ejercicio y permanencia en la función pública”.
Además, expresa que “es causal de aplicación de la sanción administrativa de
cesantía, en los tres poderes del Estado Provincial, incurrir en actos de violencia
familiar o de género, en cualquiera de sus modalidades, tanto en el ámbito de las
relaciones familiares, personales o laborales, en la vía pública o en el lugar de
trabajo, aunque la conducta no configure delito tipificado por el Código Penal”.
Mientras que la sanción administrativa de exoneración será por la condena a un
funcionario o agente público como autor penalmente responsable de la comisión de
los delitos de lesiones leves o lesiones graves cometidas contra una mujer o
identidad diversa, y agravadas por violencia de género; delitos contra la integridad
sexual, en cualquiera de sus tipos penales, y/ o agravantes; y Femicidio.
En otro artículo del proyecto, Guerrero expresa que si un empleado público es
exonerado o cesanteado “tendrá derecho a ingresar mediante relación de empleo
público, la persona que hubiese sido la víctima del delito cometido por el agente o
empleado” siempre que la persona víctima fuera mayor de edad, tenga idoneidad y
carezca de medios de vida propios”.
