No hubo consensos entre el oficialismo y la oposición sobre la redacción final de la
nueva ley de regalías mineras. En la sesión de ayer de la cámara baja, el Frente de
Todos más el bloque unipersonal Consenso Federal Catamarca dio media sanción a
una normativa que tuvo varias modificaciones en comparación al proyecto que envió
el Gobierno. Esos cambios no bastaron para el interbloque Juntos por el Cambio y el
unipersonal Unidad Ciudadana puesto que el proyecto, en definitiva, no da
“garantías” a los municipios.
La iniciativa original y de acuerdo al despacho de comisión, constaba de seis
artículos. En la sesión de ayer ese número se estiró hasta las nueve. Además de
introducir nuevos artículos también se agregó texto a los originales. Este es el caso
del primero, donde se sumó un segundo párrafo para aclarar que en caso de que la
Provincia no cuente con una ley general de presupuesto en determinado ejercicio
fiscal, se dicte una ley especial. Esta normativa es para que dentro del presupuesto
reconducido se incorporen los recursos e inversiones en conceptos de regalías.
Otra de las modificaciones que tuvo el proyecto original dispone que el porcentaje
remanente de las regalías mineras corresponda a la Provincia. A la par, se estableció
que ese remanente tendrá como destino obras de infraestructura o desarrollo
productivo.
Además, se modificó el artículo para la constitución de fideicomisos. Para el caso, se
aprobó que el Poder Ejecutivo “debe constituir fondos fiduciarios con la totalidad de
los ingresos provenientes de la partida de recursos denominada regalías mineras, sin
alterar la distribución ni el destino asignado en el régimen”.
En este orden de ideas, se apuntó que el Ejecutivo deberá presentar semestralmente
la rendición de cuentas de todos los fideicomisos constituidos ante las comisiones de
Hacienda, es decir de Diputados y del Senado.
También se incorporó un artículo para que los municipios situados en el
departamento donde se encuentre el yacimiento minero puedan proponer al
Gobierno, para que éste considere su inclusión en el presupuesto, las obras de
infraestructura y proyectos de inversión y desarrollo productivo que entienden
prioritarios.
Eso sí, esas obras deberán contarse dentro de un plan estratégico de desarrollo
económico y a la vez, ajustarse a los montos de regalías que se estimen recibir en el
año. En este orden de ideas se incluyó que la Provincia informará a las comunas los
recursos estimados por las regalías. Así, las jurisdicciones deberán elevar al
Gobierno hasta el 30 de octubre de cada año las obras que solicitan agregar al
presupuesto.

No obstante, para ello los Municipios deberán contar con autorización de los concejos
deliberantes o la subsecretaría de Asuntos Municipales (en el caso de las comunas
sin Carta Orgánica).
Posturas
Durante el debate, el oficialismo rescató lo dispuesto por la Constitución provincial
sobre la minería y apuntó, en la voz de Ricardo Aredes, que “el Departamento no es
un órgano de gobierno o administración, por ende no pueden recaer
responsabilidades jurídicas”. Isauro Molina, por su parte, consideró que “la oposición
amaga con construir consensos y diálogo”, mientras que “en el recinto solo plantean
cuestiones para la tribuna política”.
Cecilia Guerrero refutó que se lesionen las autonomías municipales y que los
recursos mineros sean propiedad de los municipios. “La constitución prevé que el
reparto sea para los departamentos, no los municipios”, dijo y llevó a colación las
gestiones del Frente Cívico y Social cuando funcionarios “reconocieron que las
regalías fueron para gastos de administrativos” (pago de sueldos).
Por el lado de la oposición, Marita Colombo apuntó que la nueva ley “profundiza el
modelo de concentración de poder económico y político en el Gobernador. Esto no
garantiza nada”. También le pidió al oficialismo que rinda cuentas desde el 2011 en
adelante.
En tanto, Víctor Luna consideró que se “cargó las tintas en los intendentes” por el uso
de las regalías y no se hizo lo propio con la Provincia. ”Este proyecto no tiene nada
que ver con el anterior, es otra génesis, este es el manejo discrecional del Ejecutivo”,
indicó para sostener que “este proyecto no garantiza que sea el mejor y que tenga
controles” sobre el uso de los fondos.