El Gobierno de la Provincia revisará la totalidad de las designaciones realizadas en el
ministerio de Educación y en caso de detectar y comprobar hechos delictivos, se
avanzará con denuncias para dar intervención a la Justicia Penal.
En una presentación realizada días pasados, la intersindical docente solicitaba
informes sobre designaciones y otorgación de horas cátedra, y detallaba una serie de
casos en que los beneficiados habrían sido funcionarios y allegados a éstos. Esto
generó la determinación del gobernador Raúl Jalil de rever todos los nombramientos
que se efectuaron en la cartera educativa.
Ayer, el mandatario provincial se reunió con el ministro de Educación, Francisco
Gordillo, y la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, para analizar la
situación de designaciones con irregularidades de personal docente.
La decisión de revisar todos los expedientes obedece a que en análisis riguroso de la
situación, se detectaron varias irregularidades en los procesos de designación.
Al respecto, Rosales señaló: “Hemos encontrado falencias en los procesos de
designación que son materia de estudio y análisis en este momento. En los casos en
los que se constaten irregularidades, directamente se procederá con la baja por
encontrarse fuera de la ley y decretos reglamentarios”.
Por otro lado, la asesora general de Gobierno enfatizó que en los casos referidos se
iniciarán los correspondientes sumarios administrativos a las personas responsables
de las designaciones.
En idéntico sentido, Rosales aseguró que si del resultado de la investigación general
surgiera la existencia comprobada de hechos delictivos, se avanzará con denuncias
para dar intervención a la Justicia Penal.
Nuevo pedido
Ayer, la intersindical docente, integrada por Ateca, Suteca, UDA, Sidca y Sadop,
realizó una nueva presentación por las designaciones en la cartera educativa. En el
escrito, consideran que las irregularidades que habrían ocurrido representa un claro
perjuicio a la Administración Pública, al tiempo que detallan la “maniobra irregular”
que operaba entre la dirección de Recursos Humanos y dirección de Modalidades,
junto a funcionarios de la dirección de Adultos y Modalidades.
En el documento manifiestan: “Habiendo tomado conocimiento a través de redes
sociales y existiendo preocupación de nuestros afiliados, docencia en general como
así también de esta intersindical sobre las existencia de designaciones y cargos y/o
horas cátedras violentando el principio de ‘publicidad conforme a le reglamentación
vigente de coberturas de cargos docentes denotando un claro ardid utilizado por
funcionarios y/o ex funcionarios que se traduce en un claro perjuicio de la
administración pública” (sic).
En la nota, señalan: “La maniobra irregular operaba entre la Dirección de Recursos
Humanos y la Dirección de Modalidades y no pudiendo ser el Ministerio ajeno a esta
situación; en este sentido, se manipulaba la información obrante en Recursos
Humanos sobre cargos vacantes y en contra de las disposiciones del Sr. Gobernador,
omitiendo la normativa que rige el sistema de actas docentes se cubrían cargos en
convivencia con funcionarios de le Dirección de Adultos y Modalidades (instructores
de : pintura, manualidades, cocina, herrería, etc.) siendo estos cargos otorgados a
familiares del personal del Ministerio de Educación y punteros políticos de este
Gobierno, lo que claramente refleja un rechazo por parte de le Intersindical Docente y
docencia en general, a no ser cómplice de este accionar de carácter delictivo,
antiético y en contra de le correcta administración de le justicia administrativa” (sic).
Los representantes sindicales también señalan que habría designaciones de
gabinetistas realizadas por la secretaría de Gestión Educativa, conducida en su
momento por Miguel Arroyo, “que solo pueden ser realizadas por decreto, según lo
establece la normativa vigente, por lo que bajo apercibimiento de hacer la denuncia
ante la justicia y el Tribunal de Cuentas, lo que conlleva vuestra responsabilidad,
solicitamos reencauzar esta situación”.
En otro parte del escrito, indican: “A modo de conclusión, solicitamos se realice una
auditoría interna a los fines de deslindar posibles responsabilidades de todas las altas
realizadas de esta gestión que sean fuera de las asambleas de opción de cargos,
haciendo hincapié en las direcciones de Adultos y Modalidades, Educación Rural,
entre otras. Hace a los deberes de funcionario público observar y hacer observar las
leyes vigentes”.