Con una situación de pandemia de fondo y la “oportunidad” de cambiar al Estado,
para esta semana el Ejecutivo tiene pensando enviar a la Legislatura el proyecto que
busca declarar la necesidad de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional.
En el borrador, que se encuentra bastante avanzado, existe una serie de puntos y
entre ellos lo atinente al empleo público. De allí surge que el gobernador Raúl Jalil
quiere congelar los nombramientos por tres años (todo su mandato) no solo dentro
del Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial.
El proyecto de normativa para la reforma del Estado que impulsa el Gobierno indica
que sería aplicable a la Administración Pública Provincial en todos sus poderes
incluyendo también al Tribunal de Cuentas, los organismos descentralizados, las
entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y las Sapem.
El borrador rescata el contexto socioeconómico actual, situación que coloca a la
provincia en la necesidad de implementar mecanismos administrativos que “nos
permita efectuar una profunda reforma del aparato estatal para afrontar la crisis que
se avecina”.
En esa línea y, por la situación de emergencia, esgrime que se precisa la adopción
de medidas conducentes a garantizar “la adecuada distribución del personal y a
optimizar la asignación del gasto público, en estricta correspondencia con la situación
financiera”.
Dentro del articulado del proyecto se va estableciendo una serie de pautas
relacionadas al empleo público. Por ejemplo, se propone un Comité de Ingreso al
Estado Provincial con un régimen único de ingreso en los tres poderes. Para acceder
a planta se busca establecer concursos de oposición de antecedentes que aseguren
la transparencia e igualdad de oportunidades. Eso sí, aclara que es para los cargos
que requieran concurso y de acuerdo a la reglamentación que dicte el Comité.
A su vez, el borrador indica que ese Comité podrá ser integrado por dos
representantes de los tres poderes, quienes deben establecer el procedimiento
unificado de los concursos.
Nombramientos
Dentro de las disposiciones complementarias aparece el congelamiento a los
nombramientos en todo el Estado. Para el caso, el proyecto señala: “Suspéndase en
los organismos, entidades y poderes, por el plazo de tres años, la designación y/o
contratación de personal”.
En este orden de ideas, prohíbe superar los cargos de planta permanente y no
permanente efectivamente ocupados hasta la actualidad y releva la cantidad de
empleados en cada área (Ejecutivo, Senado, Diputados, poder Judicial y Tribunal de
Cuentas).
Incluso prevé que sucedería en el caso de bajas pero en relación a uno de los
poderes del Estado. En este sentido indica que en caso de bajas por cualquier causal
que se produzcan en los cargos existentes en el Legislativo, las vacantes “no podrán
ser ocupadas en dicho poder” y por lo tanto, será facultad del Ejecutivo utilizar y
distribuirlas conforme a las necesidades.
Movilidad
En otra parte de la iniciativa se alude a la movilidad laboral. En este caso, el proyecto
señala que la transferencia de un empleado hacia otra jurisdicción implicará
lógicamente la supresión del cargo o partida presupuestaria en su lugar de origen. A
la vez, ello implica crear el cargo o dar el alta en la partida presupuestaria en su lugar
de destino.
Además y a modo de quitar sospechas por la movilidad, se indica que la
transferencia será admisible “con la aceptación de las Jurisdicciones presupuestarias
de origen y de destino y la conformidad del empleado”. En otras palabras y de
acuerdo al borrador, no sería compulsivo.
Jubilaciones
En un capítulo propicia modificaciones al Estatuto para el Personal Civil de la
Administración Pública sobre los artículos 18 y 56. Esto es, aquellos vinculados con
la edad mínima para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.
En este orden de ideas, se propone la nueva redacción al artículo señalando que se
dejará de contar con la estabilidad cuando un agente haya alcanzado la edad mínima
establecida para la jubilación ordinaria. En cuanto al otro artículo a modificar, el 56,
cambia las fechas. Es decir, el Estatuto actual da goce del mismo hasta dos años de
adquirida la jubilación mientras que el borrador sugiere hasta transcurridos los “60
días de la fecha en que las normas vigentes le acuerden el derecho a la jubilación
ordinaria o por edad avanzada”.
Otros puntos de la reforma
Ente. Para llevar adelante la reforma, el proyecto impulsa la creación de una
Comisión que evaluará y aprobará los planes, reformas y medidas a implementar. A
la vez, se la dotará para que sus dictámenes sean vinculantes para los tres poderes.
Eso sí, deberá existir consenso puesto que los dictámenes tienen que ser aprobados
por unanimidad.
Números. En tanto, el Ejecutivo pide autorización para que, ante una situación de
crisis que ponga en riesgo las finanzas provinciales, se puedan tomar todos los
recaudos en pos de garantizar los servicios esenciales y evitar la suspensión y/o
pérdida de fuentes laborales.
Análisis. Al borrador restaba darle forma jurídica a dos puntos. Uno de ellos es la
implementación del retiro voluntario. El otro es el alcance: se estudiaba hacer una ley
de orden público para que la reforma aplique en todos los niveles (Municipios y
Concejos Deliberantes).
