La Provincia, en su elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto General para
el próximo año 2024, que enviará eventualmente a la Cámara Baja para su
tratamiento, detectó que las previsiones de gastos y recursos de otros dos poderes
del Estado se exceden de la pauta establecida a nivel nacional.
En este sentido, les ordenó al Poder Legislativo, al Judicial y al Tribunal de
Cuentas que recorten las proyecciones de los fondos indicándoles que no debe
superar el 69,5 por ciento de incremento para el 2024.
Si bien desde el Gobierno no precisaron el monto total del presupuesto general,
habida cuenta de que aún está en elaboración, de aplicar dicho porcentual al
presupuesto vigentes (y aprobado en diciembre del año pasado) implicaría una
cifra de alrededor de 768 mil millones de pesos.
Al margen de eso, hasta el momento solo Diputados presentó su proyecto de
presupuesto para el 2024, contemplando un incremento del 360 por ciento
respecto al de este año.
Así las cosas, desde Casa de Gobierno informaron que el Ministerio de Economía
a cargo de Alejandra Nazareno ya solicitó “al Poder Legislativo, Poder Judicial y
Tribunal de Cuentas que ajusten y readecuen los gastos de los anteproyectos de
Presupuesto 2024”. El motivo es que “han superado las pautas establecidas por el
Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, establecido
por tres leyes puntuales (la N° 29.917, la 27.428 y la 27.467). Sobre este eje,
señalaron que “el Gobierno requiere ajustar los gastos para el próximo año a la
pauta de variación del índice de Precios al Consumidor del 69,5 por ciento”.
Es que esa cifra fue establecida dentro del marco macrofiscal del proyecto de Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del
próximo año. Además, precisaron que la solicitud “se fundamenta en el Artículo 10
de la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece, dentro de las reglas
cuantitativas, que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente
primario neto no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al
consumidor (IPC) de cobertura nacional prevista en el marco macrofiscal
mencionado en el artículo 2, inciso C) de la misma ley”.
La Provincia también “establece que esta regla se aplicará para la etapa de
presupuesto y de ejecución (base devengada), siendo de cumplimiento obligatorio
para los tres Poderes del Estado Provincial”. Es decir, el propio Ejecutivo, ambas
Cámaras de la Legislatura y la Justicia. No es la primera vez que hay diferencias
entre las proyecciones financieras del Gobierno respecto a la Legislatura y la
Corte.
Sin ir más lejos, el año pasado la Justicia reclamó por un recorte de más de $ 5 mil
millones al presupuesto que había enviado.
