Acusan cesión de facultades, perjuicio económico al Estado y falta de controles en la implementación del juego de videolotería en Catamarca.
Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General contra autoridades provinciales por supuestas irregularidades en un contrato que habilita la instalación de 400 máquinas de apuestas electrónicas en el interior de Catamarca.
En las últimas horas, el abogado Pablo Rivera radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Catamarca contra autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (ex CAPRESCA) por la firma de un convenio con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones que autoriza la instalación de 400 máquinas de videolotería en distintos puntos del interior provincial.
Según la presentación, el contrato —aprobado por Resolución N° 128/25— contiene cláusulas “leoninas” que ceden facultades de control del Estado provincial, permitiendo que Misiones no solo elija al permisionario del juego, sino que también lleve adelante auditorías administrativas, contables y operativas. Además, el contrato establece que cualquier conflicto se resuelva en la justicia ordinaria de Posadas, Misiones, lo que representa un desplazamiento de la jurisdicción local.
La denuncia también advierte que ya existiría un operador definido —una empresa dedicada al rubro— que no fue mencionado en el contrato, lo que genera sospechas sobre la transparencia del proceso. Asimismo, se critica que el acuerdo no fija la tasa de retorno al apostador, un dato fundamental para conocer los márgenes de ganancia y la equidad en el juego.
Por estos motivos, solicita que se investigue a las autoridades por presunta violación de los deberes de funcionario público, al considerar que actuaron de forma negligente y perjudicial para los intereses del Estado y la ciudadanía. La denuncia se apoya en la Ley N° 5889, que exige que los organismos reguladores del juego actúen con responsabilidad, transparencia y resguardo del interés público.
