Intervención
En septiembre del año 2021, el gobernador Raúl Jalil junto a su par riojano, Ricardo Quintela, pidió la intervención al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la Provincia, al advertir irregularidades en el funcionamiento de las empresas -que en enero y febrero entraron en cesación de pago de utilidades-, entre las que se destacaban Adhemar Capital y RT Inversiones.
En mayo de 2022, el mandatario aseguró que daría de baja a cualquier funcionario de su Gobierno que esté involucrado con el escándalo de las financieras, aunque remarcó: “Nosotros fuimos los únicos que denunciamos en su momento esta situación y pedimos la intervención de organismos nacionales como la AFIP. El Gobierno fue muy claro en el tema financieras y es por eso que no hablaré más del tema”.
«Hay normas que podemos regular pero hay otras que no. Nosotros hemos informado a órganos nacionales todas las anomalías que hemos detectado. Tengo la conciencia tranquila”, remarcó.
Repercusiones
En enero del año 2022, se conoció que el Banco Central solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que investigue las actividades de Bacchiani, ante la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal con el esquema Ponzi, a través de supuestas inversiones en criptoactivos y utilidades en pesos y dólares que iban de 7% a 24% de interés mensual, dependiendo del monto entregado, el tiempo de «inversión» y la moneda entregada.
Rentabilidad
Una auditoría realizada por funcionarios de la Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de la PROCELAC, determinó que la rentabilidad obtenida por Adhemar Capital en la especulación con activos virtuales entre el 28 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, fue significativamente menor a la que la firma abonó a sus clientes de mayor envergadura.
O sea que la firma percibió menos ganancias que sus clientes. Según el mismo informe, Adhemar Capital se comprometió en pagar a sus clientes más importantes, intereses tres veces superiores a los que obtuvo.
En los 125 días que abarcó el estudio, la tasa de rendimiento promedio de la firma en la aventura con criptoactivos fue del 28,12%, equivalente a una tasa efectiva mensual del 6,13%, de acuerdo a las operaciones «en blanco», con contrato.
La SRL se constituyó definitivamente el 8 de marzo del 2021. Sus socios fundadores fueron Edgar Bacchiani con 1.314 cuotas de 10.000 pesos cada una, y Zaraive Celeste Garcés Rusa, con 146 cuotas del mismo monto haciendo un total de 14.600.000 pesos.
Intimación
A fines de enero de 2022, la CNV intimó a Bacchiani y a su empresa «al cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento de negociación».
ARCA y Rentas
En mayo de 2021, Raúl Jalil pidió al ARCA controlar las inversiones en activos digitales.
En noviembre del 2022, mientras en Córdoba y La Rioja la Justicia ordinaria avanzaba en la investigación de las denuncias por estafas, en Catamarca, la investigación de ese delito no había comenzado porque la Justicia de la Provincia recibió el expediente de la Justicia Federal, ya que Contreras había declinado competencia. Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, el juez inició la investigación por estafas, entre otros delitos.
En este contexto, pidió a las autoridades del principal ente recaudador de la provincia, la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), de la Dirección General de Rentas de la provincia de Tucumán y Rentas de provincia de Córdoba, que informen detalladamente cuánto dinero percibieron de la empresa Adhemar Capital SRL.
El requerimiento de la abogada defensora de víctima, Mariana Vera, apunta a la responsabilidad que tuvieron estos organismos públicos y del municipio capitalino, ya que las financieras contaban con una habilitación comercial. n
La intervención del Estado
El 31 de agosto de 2020, El Ancasti publicó la columna Cara y Cruz “Un Ponzi suelto en Catamarca”, advirtiendo sobre los riesgos de las operaciones que desarrollaba Edgar Bacchiani.
El 18 de mayo de 2021, Jalil pidió al ARCA controlar las inversiones en activos digitales.
El 19 de mayo, el ARCA impuso una tasa de entre el 5 y el 7% por Ingresos Brutos a las utilidades obtenidas con especulación en criptoactivos. Designó como agentes de retención a Adhemar Capital SRL; Roldán, Mariano Alejandro; Sierra, José Luis y RT Inversiones.
El 27 de agosto, el presidente del congreso de la Coalición Cívica-ARI de Catamarca, Mariano Manzi, cuestionó los impuestos a las inversiones en criptomonedas a las que considera “una oportunidad de desarrollo”.
El 28 de septiembre, Jalil y Ricardo Quintela pidieron la intervención del BCRA y la CNV.
El 30 de septiembre, Manzi hijo cruzó a Jalil y a Quintela: “Ocúpense de sacar del pozo de la pobreza, la falta de oportunidades y de horizontes a nuestras provincias».
El 24 de noviembre, los diputados del PRO Natalia Saseta y Diego Figueroa proponen que la Cámara baja declare de interés parlamentario una disertación de Bacchiani y le entregue un diploma.
El 9 de enero de 2022, Bacchiani anuncia que reducirá las rentabilidades desde el 15 de febrero «por la incertidumbre del mercado cripto».
El 18 de febrero, Bacchiani anuncia “tratativas con el Gobierno” para lograr “la paz social”. El Gobierno lo desmiente.
El 5 de abril crece la presión de clientes sobre RT Inversiones. Allanan oficinas de Callvu, de Cristian Rojo.
El 22 de abril, la Justicia Federal detiene a Bacchiani y sus laderos de Catamarca, Tucumán y Córdoba.
