
En su vigésima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados que conduce Paola Fedeli avanzó con la aprobación de iniciativas destinadas a ampliar los derechos laborales a madres y padres, fortalecer la seguridad en la atención sanitaria y disponer de tierras para proyectos habitacionales, productivos y turísticos en el oeste provincial. En este sentido, el cuerpo otorgó sanción definitiva a la expropiación de cinco superficies en las localidades belichas de Hualfín y Los Nacimientos, dio media sanción a un nuevo régimen de licencias de corresponsabilidad parental y a la adhesión de Catamarca a la Ley Nicolás, y aprobó modificaciones al Reglamento Interno para incorporar formalmente el sistema de votación electrónica. Además, se aprobaron cuatro declaraciones de interés parlamentario.
Tierras para el desarrollo de Hualfín y Los Nacimientos
Por mayoría, la Cámara otorgó sanción definitiva al proyecto de ley iniciado en el Senado que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación cinco superficies de terrenos ubicadas en Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén. Se trata de aproximadamente 86 hectáreas que, una vez concretado el procedimiento, serán transferidas gratuitamente y con cargo a la Municipalidad de Hualfín para impulsar proyectos habitacionales, obras de infraestructura y actividades productivas, turísticas y culturales.
Como miembro informante, Eduardo Andrada (FT) defendió la iniciativa desde sus dimensiones jurídica, territorial e institucional. En primer lugar, señaló que la propuesta se ajusta a las disposiciones constitucionales y a la legislación provincial en materia de expropiaciones, al identificar los terrenos involucrados mediante superficies, croquis, ubicación y coordenadas georreferenciadas incorporadas en los anexos del expediente.
También explicó que, debido a que las tierras se encuentran en campos comuneros, la delimitación catastral definitiva deberá surgir de la mensura correspondiente, respetando los polígonos establecidos en la ley.
En cuanto al propósito de la medida, el oficialista sostuvo que la disponibilidad de tierras constituye una condición necesaria para planificar el crecimiento de las comunidades del interior. En ese sentido, advirtió sobre las dificultades que genera la falta de regularización dominial para avanzar con loteos sociales, infraestructura e inversiones productivas. “Expropiar para ordenar es una herramienta de desarrollo, no un fin en sí mismo”, dijo y consideró que la transferencia posterior al municipio permitirá que disponga de los terrenos y pueda responder a las necesidades de sus habitantes. “Votamos una herramienta de desarrollo territorial, de arraigo y de fortalecimiento municipal”, remarcó.
La iniciativa generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, principalmente por la amplitud de los destinos previstos y la necesidad de contar con mayores precisiones sobre el uso que se dará a los inmuebles. Javier Galán (MID) adelantó su voto negativo y manifestó reparos respecto de la reiteración de proyectos de expropiación tratados por la Legislatura. A su entender, la falta de oportunidades laborales constituye uno de los principales problemas que atraviesan las comunidades del interior y no necesariamente la ausencia de terrenos disponibles.
En la misma línea, Carlos Aibar Quintar (LLA) comunicó que su bloque tampoco acompañaría el proyecto. Si bien reconoció que existen iniciativas de expropiación que cuentan con documentación suficiente para su tratamiento, evaluó que este expediente no reunía las condiciones necesarias para garantizar la claridad del procedimiento. “Hemos manifestado tener la voluntad de acompañar siempre y cuando quede de manera transparente toda la información con respecto a la expropiación, y no es el caso de este proyecto”, señaló.
Por su parte, Mamerto Acuña (Generar) coincidió en la necesidad de precisar los destinos de los terrenos antes de avanzar con una expropiación. Advirtió sobre una inconsistencia en la redacción del proyecto, puntualmente en la descripción de uno de los inmuebles de Los Nacimientos, donde se consignaban superficies diferentes en letras y números. Por ese motivo, solicitó que se aclarara cuál era la extensión que efectivamente se estaba autorizando a expropiar.
A las observaciones se sumó Luis Fadel (UCR), quien reconoció que la propuesta contemplaba algunos de los requisitos establecidos por la legislación vigente, pero cuestionó la falta de especificaciones sobre los proyectos que se desarrollarían en las tierras. En particular, señaló que no se había presentado una planificación concreta para las aproximadamente 85 hectáreas involucradas. Además, mencionó la importancia de las vertientes de agua existentes en la zona y los debates recientes en Belén por proyectos de plantaciones de pistacho. “No digo que este sea el fin, pero hay una suspicacia”, alegó al fundamentar el rechazo de su bloque.
En respuesta a los cuestionamientos, Andrada aseguró que la documentación técnica, incluidos los croquis, estaba incorporada. También deslizó que acercará fotocopias completas a los integrantes de la Comisión para facilitar su análisis antes de futuros debates
Respecto de la diferencia detectada en la superficie de uno de los inmuebles, aclaró que se trataba de un error de tipeo.
Tiago Puente (Generar), por su parte, anticipó que tampoco acompañaría la propuesta y evaluó que la principal cuestión pendiente no era solamente la documentación técnica, sino la ausencia de una explicación concreta sobre el destino de las tierras. Recordó que durante el tratamiento en comisión habían solicitado la presencia del intendente de Hualfín para que expusiera los motivos de la expropiación. “Estamos dándole una expropiación y nadie nos dice el para qué”, cuestionó.
Finalmente, Quintar volvió sobre las observaciones realizadas por su bloque y aclaró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos al funcionamiento de la comisión, sino a la calidad de la documentación remitida por el Senado. Si bien reconoció que el proyecto contenía información y croquis, insistió en que parte de ese material resultaba ilegible y que no se encontraba suficientemente determinado el uso de los inmuebles.
Nuevo régimen de licencias
Con media sanción, el cuerpo aprobó el proyecto unificado de María Argerich, Juan Carlos Ledesma y Gladys Moro (los tres el FT), que propone crear un Régimen Especial de Licencia de Corresponsabilidad Parental para los agentes de la Administración Pública. La iniciativa busca ampliar los derechos vinculados al nacimiento y la crianza, incorporando a ambos progenitores en las tareas de cuidado y contemplando distintas realidades familiares.
Al fundamentar, Argerich explicó que la propuesta reúne iniciativas que desde hace varios años se vienen impulsando en la Cámara y que tienen como eje el reconocimiento del cuidado como una responsabilidad compartida. Recordó, además, el antecedente de un proyecto de políticas de cuidado que había obtenido media sanción en Diputados, pero perdió estado parlamentario en el Senado. La legisladora señaló que el nuevo régimen representa una transformación del sistema de licencias vigente, al reconocer que la crianza no puede quedar asociada exclusivamente a la maternidad y que ambos progenitores deben contar con tiempo y herramientas para participar desde los primeros días de vida de sus hijos.
Uno de los aspectos centrales del esquema de licencias previsto para las personas gestantes y no gestantes. Para la persona gestante se establecen seis meses de licencia con goce íntegro de haberes, distribuidos en un período inicial obligatorio de tres meses de uso exclusivo y otros tres meses flexibles, que podrán utilizarse de manera compartida, continua o discontinua, según las necesidades de cada familia. En tanto, la persona progenitora no gestante contará con una licencia inicial de 45 días corridos y tendrá la posibilidad de participar en el uso del período flexible. De esta manera, se busca que las familias puedan organizar los tiempos de cuidado y distribuir las responsabilidades de acuerdo con sus propias necesidades.
Argerich también detalló que la propuesta contempla situaciones particulares, como adopciones, familias monoparentales, nacimientos múltiples, prematurez, internaciones neonatales, discapacidad y enfermedades graves o crónicas. Asimismo, incorpora previsiones para casos de interrupción del embarazo, alumbramiento sin vida y fallecimiento de la persona gestante. Otro capítulo establece garantías para proteger la situación laboral de quienes hagan uso de estas licencias. Entre ellas, se incluyen la estabilidad, la antigüedad, la carrera administrativa y la percepción íntegra de los haberes, con sus bonificaciones, incentivos y premios vinculados a la asistencia, incluido el presentismo.
La diputada remarcó que el reconocimiento de estas responsabilidades también tiene consecuencias en el ámbito laboral, especialmente para las mujeres, que históricamente han asumido una mayor carga de tareas de cuidado. “La política de cuidado también es una política de igualdad en el empleo”, afirmó. En relación con la aplicación del régimen, explicó que el proyecto incorpora previsiones para los servicios esenciales y de alto impacto, con el propósito de compatibilizar el ejercicio de los derechos laborales con la continuidad de las prestaciones estatales.
Finalmente, vinculó la iniciativa con la necesidad de acompañar a las familias frente a la disminución sostenida de la natalidad. Aclaró que una política de licencias por sí sola no puede revertir esa tendencia, pero sí constituye una herramienta para generar mejores condiciones de crianza. “Promover la natalidad también significa construir una provincia donde criar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida sean posibles”, dijo.
Desde la oposición, Natalia Saseta (PRO) felicitó a los autores de la propuesta y valoró que el debate permita avanzar en el reconocimiento de las responsabilidades que implica la crianza. En su intervención, hizo hincapié en la desigual distribución de las tareas de cuidado y en las dificultades que atraviesan muchas mujeres al momento de compatibilizar la maternidad con sus actividades laborales. También se pronunció a favor Verónica Vallejos (LLA), quien valoró que la iniciativa reconozca la importancia de la presencia paterna durante los primeros días de vida y el acompañamiento a la madre. Consideró que la participación activa de ambos progenitores resulta fundamental para construir vínculos familiares y garantizar el desarrollo de los hijos.
Sin embargo, planteó diferencias respecto de algunos aspectos del proyecto, particularmente por la inclusión de las situaciones vinculadas con la interrupción del embarazo. Vallejos evaluó que existe una contradicción entre las políticas destinadas a promover la natalidad y el fortalecimiento de las familias y las referencias a esa situación dentro del régimen de licencias.
Adhesión a la Ley Nicolás para mejorar la atención sanitaria
La Cámara también otorgó media sanción al proyecto de Juan Carlos Ledesma (FT), que establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Calidad y Seguridad Sanitaria (N 27.797), denominada Ley Nicolás. La normativa apunta a prevenir errores en la atención médica, fortalecer los mecanismos de control y generar herramientas institucionales para mejorar la seguridad de los pacientes en los establecimientos públicos y privados.
Al presentar la iniciativa, Ledesma recordó el caso de Nicolás Lerna, un joven de 24 años que falleció en 2017 luego de recibir un diagnóstico equivocado de meningitis bacteriana. A partir de esa pérdida, su madre, Gabriela Covelli, inició una campaña que se extendió durante casi una década para impulsar una legislación que permitiera evitar situaciones similares. El diputado destacó el trabajo de la familia y de la organización Por la Vida y la Salud para conseguir la aprobación de la norma nacional. En ese sentido, aclaró que su objetivo no es establecer un sistema de castigos para los trabajadores sanitarios, sino generar condiciones que permitan detectar fallas, corregir procedimientos y evitar que se repitan.
Entre las principales herramientas que contempla la adhesión, Ledesma mencionó la implementación de una historia clínica digital única, que permitirá compartir la información de los pacientes entre los distintos establecimientos sanitarios de la provincia. De esta manera, una persona atendida en un hospital del interior podrá continuar su tratamiento en la Capital sin depender de documentación en papel, evitando la duplicación de estudios y los errores derivados de la falta de antecedentes médicos.
Desde La Libertad Avanza, Francisco Monti adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó que la norma representa un avance en materia de seguridad del paciente. También puso de relieve que la legislación haya surgido a partir de la lucha de una familia que convirtió una experiencia dolorosa en una iniciativa de alcance nacional. En ese sentido, reconoció especialmente el trabajo de Gabriela Covelli y de quienes impulsaron la discusión legislativa durante años. También mencionó la labor del exdiputado nacional Fabio Quetglas, quien presentó el proyecto en el Congreso y trabajó para conseguir su tratamiento y aprobación.
Votación electrónica
En otro tramo de la sesión, Diputados aprobó el decreto impulsado por la presidenta del cuerpo, Paola Fedeli, que modifica el artículo 132 del Reglamento Interno e incorpora formalmente la votación electrónica desde las bancas. La medida busca adecuar las disposiciones parlamentarias al funcionamiento de los nuevos recintos, que cuentan con un sistema tecnológico para registrar y exhibir de manera inmediata el sentido del voto de cada legislador.
Como miembro informante, Damián Brizuela (FT) explicó que el reglamento vigente, aprobado en 2016, contemplaba únicamente las modalidades tradicionales de votación nominal o por signo, es decir, mediante el levantamiento de la mano. La incorporación del nuevo mecanismo permitirá dar respaldo normativo al sistema electrónico y evitar posibles cuestionamientos sobre la validez de las votaciones realizadas mediante ese soporte.
El diputado aclaró que la modificación no altera las reglas de fondo ni establece una modalidad discrecional, sino que actualiza el procedimiento operativo para adecuarlo a las herramientas disponibles en el recinto. Entre sus alcances, destacó que el sistema permitirá conocer de forma inmediata cómo votó cada integrante del cuerpo, fortaleciendo la publicidad de las decisiones y la responsabilidad individual de los representantes. También señaló que la reforma contempla la incorporación del artículo 130 bis, que establece el carácter personal e indelegable del voto legislativo.
En ese sentido, se prevén sanciones para quienes utilicen una banca o clave ajena, faciliten sus credenciales o alteren el funcionamiento del sistema. Asimismo, los aspectos técnicos quedarán sujetos a la reglamentación de la Secretaría Parlamentaria y, ante eventuales fallas, se mantendrán disponibles los mecanismos tradicionales de votación. “Modernizar esta Cámara no significa solamente incorporar esta tecnología, significa fortalecer nuestras instituciones, garantizar procedimientos transparentes y consolidar la confianza de los catamarqueños en sus representantes”, remarcó.
Reconocimientos
En tanto, el cuerpo aprobó cuatro iniciativas de reconocimiento vinculadas con la cultura, la educación, el turismo y la trayectoria docente.
A propuesta de Nicolás Zavaleta (FT), se declaró de interés parlamentario la obra literaria, artística y comunitaria Alrededor del Poema, de Antonio Rodríguez Bolillo, que involucra la participación de estudiantes y promueve la concientización sobre la enfermedad de Huntington.
También recibió el aval legislativo el encuentro Raíces Vivas y Saberes Locales del departamento Capayán, impulsado por Natalia Saseta (PRO), previsto para el 20 de noviembre en Chumbicha, con el propósito de poner en valor las tradiciones, la cultura y la identidad de la comunidad.
Por iniciativa de Tiago Puente (Generar), la Cámara reconoció la trayectoria del contador público nacional Jorge Omar del Valle Zafe, por sus casi 43 años de labor docente en la Universidad Nacional de Catamarca y su aporte a la formación de profesionales.
Finalmente, a partir de una propuesta de Paola Fedeli, Stella Nieva y Natalia Ponferrada (FT), se declaró de interés parlamentario, cultural y turístico el circuito peatonal Casas con Historia, ubicado en Antofagasta de la Sierra, que busca preservar las construcciones tradicionales y los saberes ancestrales de la Puna.



