El juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, confirmó la detención de un hombre imputado por diez hechos cometidos contra su expareja entre abril de 2024 y agosto de 2026, en un contexto de violencia de género. Está imputado por los delitos de “amenazas coactivas”; “amenazas simples”; “amenazas simples en concurso ideal con desobediencia a la autoridad”; “desobediencia a la autoridad” -cinco hechos-; “daños” e “incendio”, todo en concurso real y en calidad de autor.
Durante la audiencia, la fiscal Alejandra Antonino describió los hechos atribuidos, el contexto de violencia y los elementos probatorios incorporados a la causa. La fiscal expresó que las distintas medidas adoptadas para proteger a la víctima no lograron impedir nuevos contactos e incumplimientos. En ese sentido, mencionó la violación de restricciones de acercamiento comunicación, el incumplimiento de la obligación de registrar su firma y la vulneración de un dispositivo electrónico. Consideró, además, que persistía el riesgo de que el imputado ejerciera presión o control sobre la víctima, cuya declaración constituye una prueba central para el juicio.
La defensora de víctimas adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal y solicitó que el imputado continuara privado de la libertad. En su exposición, sostuvo que su conducta mientras permanecía en libertad demostraba una falta de acatamiento a las órdenes impartidas por las autoridades judiciales.
Por su parte, la defensa técnica se opuso al pedido y solicitó la libertad de su asistido bajo las restricciones que el juez considerara necesarias. El juez resolvió confirmar la detención del imputado.
La causa comprende diez hechos ocurridos entre abril de 2024 y agosto de 2026. De acuerdo con la imputación, el hombre habría amenazado a su expareja, dañado su teléfono celular e incumplido reiteradamente órdenes judiciales que le prohibían acercarse, comunicarse o realizar actos de perturbación contra ella.
También se le atribuye haber provocado, en abril de 2026, un incendio que destruyó por completo la vivienda de la víctima. Además, habría vuelto a contactarla mediante redes sociales e incumplido la obligación de presentarse a firmar, condiciones que le habían sido impuestas para conservar la libertad.
