Entrados de lleno en la carrera electoral de este año, en la cámara baja se presentó
un proyecto para que los candidatos a gobernador, diputados y senadores estén
obligados a debatir públicamente sus propuestas antes de las elecciones.
La iniciativa fue elevada por el diputado radical Luis Lobo Vergara. De acuerdo al
proyecto, la obligatoriedad de los debates “preelectorales públicos” apunta a los
candidatos oficializados, quienes “deberán participar con la finalidad de exponer a la
ciudadanía, las propuestas y plataformas de sus respectivos partidos, agrupaciones
y/o frentes políticos”.
En este orden de ideas, se contempló que el debate deberá realizarse entre los
candidatos dentro de los 15 días anteriores a la veda electoral y se verán obligados a
participar todos aquellos que hayan obtenido el piso electoral exigido por la ley Nº
5.437. A la vez, precisa que ello comprende a todos los candidatos que encabecen
las listas y cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las
elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además, el proyecto fija que el Tribunal Electoral (TE) de la provincia será el órgano
de aplicación y como sede la ciudad Capital. También será el Tribunal Electoral el
encargado de designar un coordinador que lleve adelante la organización, convocar a
los apoderados y/o jefes de campaña de cada partido y Frente Electoral con una
anticipación de por lo menos 20 días para el debate y elaborar un reglamento que
contenga la metodología y reglas generales bajo el que se desarrollará el debate.
El diputado propuso en la iniciativa que el TE lleve una serie de reglas generales,
como que el orden de exposición sea por sorteo público, fijar el tiempo de exposición
de cada candidato, el derecho de réplica y su tiempo y la duración del debate.
Lobo Vergara incluso sugiere 12 tópicos que discutirán y expondrán los candidatos.
Estos son: Educación, salud y ambiente; seguridad y justicia; desarrollo económico y
economías regionales; desarrollo urbano, infraestructura y viviendas; turismo;
tecnología; servicios públicos; promoción y desarrollo social; pueblos originarios;
calidad de las instituciones y aplicación de políticas de prevención de la corrupción;
deportes y discapacidad; y minería. Finalmente, el diputado opositor busca que la obligatoriedad del debate empiece este año: “La presente Ley tendrá vigencia a partir de los procesos eleccionarios próximos a desarrollarse, en el año 2019”.

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