De la pesquisa surgieron los nombres de Mariano Manzi y la escribana Joaquina Córdoba Gandini, quienes supuestamente habrían colaborado en el desprendimiento de bienes y propiedades que estaban a nombre de Bacchiani. En noviembre de 2022 por pedido del fiscal Santos Reynoso fueron imputados ambos por “insolvencia fraudulenta”. Fueron indagados, se defendieron y posteriormente la defensa de Córdoba Gandini apeló la medida. A fines de junio, la Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón y dictó la nulidad de la imputación contra la escribana, quien está con un pie afuera de la causa.
“No se establece en qué forma Manzi y Córdoba Gandini habrían contribuido con el imputado Bacchiani para lograr su estado de insolvencia en perjuicio de sus acreedores» señalaron los miembros del Tribunal de Alzada. Debido a que Manzi había desistido de la presentación del recurso sigue vinculado al proceso.
De los informes presentados por Binance se advirtió que entre febrero de 2021 y marzo de 2022 hubo depósitos en su cuenta por un total de BUSD 737.901,94, que habrían sido realizados por Bacchiani y Blas. En febrero de 2022 se registró una extracción de BUSD 250.293,96 desde la cuenta de Manzi hacia una cuenta no identificada.
¿Qué es un BUSD? Es una criptomoneda estable lanzada por las plataformas Paxos y Binance en el 2019 que mantenía paridad con el dólar estadounidense.
“Estos movimientos y maniobras denotan claramente la distribución del dinero obtenido ilegalmente y la connivencia entre los distintos imputados en esas maniobras” argumentó la Fiscalía.
«Quiebra fraudulenta»
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Gustavo Gómez, pidió al Tribunal de Alzada que ordene al juez federal Miguel Ángel Contreras que abra una investigación por la supuesta quiebra fraudulenta.
El contexto de este pedido fue la apelación presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, que se opuso a que los casi 100 mil dólares secuestrados en Huacra fueran remitidos al Juzgado Comercial en donde se lleva adelante el proceso de quiebra.
Para el fiscal Gómez esta decisión le provocaría un daño a la investigación y además se vería beneficiada tan solo una parte del total de los damnificados.
En junio, el Juzgado Federal había fundamentado la decisión de remitir los fondos a la quiebra en que «era la medida más rápida y efectiva para que las víctimas puedan recuperar una parte de sus bienes».
