La Policía Rural y Ambiental de Salta intervino en una finca ubicada junto a la escuela Benjamín Matienzo, en la localidad de Las Blancas, después de que varios alumnos sufrieran malestares por los fuertes olores que provenían del establecimiento agrícola.
El procedimiento terminó con un acta de infracción contra el propietario y la intervención de la Fiscalía Contravencional, ante el presunto incumplimiento de las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos a la comunidad educativa.
El episodio ocurrió durante esta semana y generó preocupación entre docentes, estudiantes y familias de Las Blancas y La Serena, donde los vecinos también habían denunciado olores persistentes y una considerable proliferación de moscas.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la directora de la escuela Benjamín Matienzo, quien alertó sobre las emanaciones provenientes de una propiedad lindera al establecimiento educativo.
Ante esta situación, efectivos de la Policía Rural y Ambiental del Distrito Valle de Lerma, con asiento en El Carril, se trasladaron hasta el lugar para verificar lo sucedido.
La comisaria Ofelia Guantay, segunda directora del Distrito de Prevención N.º 11, explicó que los uniformados entrevistaron inicialmente a la responsable de la institución escolar y posteriormente al propietario de la finca señalada.
Durante el procedimiento, el productor reconoció que los olores estaban vinculados con productos químicos utilizados en las tareas agrícolas que se desarrollaban dentro de su propiedad.
A partir de las constataciones realizadas, los efectivos confeccionaron un acta por una presunta infracción al artículo 44 de la Ley Contravencional 7.135 y dieron intervención a la Fiscalía Contravencional.
Además, las autoridades formularon advertencias al propietario para que adoptara medidas preventivas y evitara nuevos episodios que pudieran afectar a estudiantes, trabajadores y vecinos.
“Cada propietario de estos establecimientos agrícolas tiene que tener los recaudos necesarios y, en esta vez, no lo tuvieron”, sostuvo Guantay al explicar los motivos de la actuación policial.
La funcionaria remarcó que quienes desarrollan actividades productivas cerca de escuelas, viviendas y sectores urbanizados deben extremar las precauciones durante la utilización de sustancias químicas.
El caso volvió a poner en discusión los problemas derivados de la proximidad entre explotaciones agrícolas y áreas pobladas del Valle de Lerma, donde el crecimiento de los asentamientos residenciales incrementó la convivencia entre actividades rurales y establecimientos educativos.
En Las Blancas, la preocupación se intensificó debido a que los olores alcanzaron las instalaciones escolares y estuvieron acompañados por malestares entre los menores.
Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente qué sustancias fueron utilizadas en la finca, ni se precisó si se efectuaron análisis de laboratorio para determinar su composición o concentración en el ambiente.
Tampoco trascendieron detalles médicos sobre los síntomas que presentaron los estudiantes o si alguno necesitó atención hospitalaria.
Por ese motivo, aunque la intervención policial permitió establecer que se estaban utilizando productos químicos en el establecimiento agrícola, todavía no se difundieron estudios técnicos que permitan determinar el alcance de una eventual exposición.
Guantay señaló que el propietario recibió recomendaciones específicas para impedir que situaciones similares vuelvan a producirse y advirtió que una reiteración de las conductas denunciadas podría derivar en consecuencias legales más graves.
“Si no, ya es una reiteración y ya puede entrar en otro delito”, expresó la comisaria.
La funcionaria recordó que los vecinos que detecten situaciones relacionadas con posibles daños ambientales o utilización irregular de sustancias químicas pueden realizar denuncias a través del sistema de emergencias 911, en las dependencias policiales o mediante los canales digitales habilitados.
También explicó que, cuando las denuncias involucran posibles afectaciones al ambiente o infracciones vinculadas con actividades rurales, interviene la Policía Rural y Ambiental por su competencia específica.
Mientras la Fiscalía Contravencional analiza las actuaciones, el episodio mantiene la preocupación entre las familias de Las Blancas y La Serena, que reclaman mayores controles sobre las actividades agrícolas desarrolladas en las inmediaciones de viviendas y establecimientos escolares.
La investigación deberá establecer si existieron otras irregularidades y qué medidas resultan necesarias para evitar nuevos episodios que puedan comprometer las condiciones sanitarias de la comunidad educativa.
