El Pacto Fiscal firmado entre la Nación con la Provincia tiene contemplado dentro de sus articulados implementar programas de retiro y/o jubilación anticipada, donde Nación se comprometía a financiar con líneas de crédito especiales para empleados públicos provinciales y municipales.
En este marco, el portal LaPolíticaOnline, adelantó que el gobierno de Mauricio Macri firmará esta semana un decreto por el cual creará un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la Administración Nacional, que comprende al Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros.
El instrumento en cuestión tiene un borrador, el cual fue publicado por el citado medio y que estaría pronto a firmar. En el mismo, dentro de su articulado, establece al personal que alcanzaría y las pautas a cumplir por los mismos.
Además, en su artículo 14, señala: “Invitase a las jurisdicciones y entidades comprendidas en los inc. b) y c) del artículo 8° y en el inciso a) del artículo 9° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, a la Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a las previsiones del presente o adoptar regímenes de similares características que el presente”.
En otras palabras, el Gobierno nacional deja abierta la posibilidad de que las provincias se sumen a los retiros voluntarios o, caso contrario, que cada subjurisdicción nacional avance con un plan similar.
Pautas
Según publicó LPO, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, adelantó a principio de año que en 2018 implementarían primero el plan de jubilación anticipada y luego, en marzo, un plan de Retiro Voluntario para reducir la planta del Estado nacional que tiene más de 210.000 empleados públicos.
LPO tuvo acceso al borrador que Ibarra y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne propusieron para que el presidente Macri lo firme como decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018.
En líneas generales, la propuesta de Nación es la siguiente: el decreto prevé que los empleados -esencialmente los administrativos- puedan desvincularse de sus puestos por propia voluntad bajo un régimen que prevé tres tipos de incentivos de acuerdo a la edad del trabajador.
Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria”, el decreto bajo su redacción actual, le ofrece la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
Para aquellos que tengan 60 años, pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
Los menores de 60 años de edad, para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.
Aunque se trate de pagos no remunerativos, el decreto establece que quienes se acojan al plan de Retiro Voluntario “continuarán gozando de la cobertura médica asistencial de obra social durante el plazo de percepción de las cuotas o hasta la obtención del beneficio previsional, lo que ocurra primero, según lo determine la reglamentación”.
El decreto prevé en su artículo 7º que “el Retiro Voluntario dejará de abonarse luego de 6 meses de iniciado el trámite jubilatorio o al momento de su otorgamiento, lo que ocurra primero”.
En todos los casos, aquel que se sume al régimen de Retiro Voluntario, no podrá volver a ser incorporado a la planta estatal en un período de cinco años.
