El fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, con intervención de la Secretaría Especializada en Delitos contra la Administración Pública, finalizó la investigación penal preparatoria y requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Matías Ezequiel Ruiz Díaz imputado por “defraudación a la Administración Pública” y “ejercicio ilegal de la profesión continuado”, en concurso real y en calidad de autor.
La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por autoridades del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Provincia de Catamarca, con patrocinio letrado.
La presentación tuvo origen en información recibida por una profesional de la localidad de Los Altos. Una mujer le había manifestado su preocupación porque una persona que se presentaba como psicólogo se encontraba atendiendo a niños y prestando servicios para la Municipalidad. Frente a esta situación, el Colegio realizó averiguaciones preliminares y aportó elementos que, según consideró, podían revestir relevancia penal.
A partir de la denuncia, la Fiscalía inició la pesquisa y ordenó medidas destinadas, en primer término, a determinar si la condición profesional invocada por el imputado tenía respaldo oficial.
Para fundamentar el requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía reunió y analizó 68 elementos de prueba provenientes de fuentes oficiales, documentales, testimoniales y digitales.
Se solicitaron informes al Registro Público de Graduados Universitarios, a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación y al Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca.
También se incorporó documentación remitida por la Municipalidad de Los Altos, entre ella el expediente administrativo de contratación, decretos municipales, el contrato de locación de servicios y su agenda, facturas, órdenes de pago, comprobantes de retenciones impositivas y constancias de transferencias bancarias.
Además, se recibieron 26 declaraciones testimoniales, incluidas las de personas que habrían sido atendidas por el imputado entre otras medidas.
El trabajo investigativo incluyó también una inspección ocular, registros fotográficos y el análisis del soporte digital acompañado con la denuncia.
Los registros nacionales consultados informaron que no existía ningún título universitario a nombre de Ruiz Díaz. Asimismo, el Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca comunicó que el imputado no había presentado la documentación necesaria para iniciar el trámite de matriculación en la provincia.
Para la Fiscalía, la presentación de la documentación académica presuntamente apócrifa habría constituido el medio utilizado para engañar a la Administración Pública municipal.
El requerimiento sostiene que, sin la acreditación de esa supuesta condición profesional, la contratación y las correspondientes disposiciones patrimoniales no se habrían producido. De este modo, la maniobra habría ocasionado un perjuicio a la Administración Pública municipal por un monto total de $840.000, correspondiente a seis pagos efectuados por servicios de Psicología.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el imputado, asistido por un defensor particular, se abstuvo de declarar.
Finalmente, el fiscal consideró que los elementos de prueba, valorados de manera individual y conjunta, conforman un cuadro probatorio lógico, armónico y convergente, suficiente para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la existencia de los hechos y la participación atribuida al imputado.
De acuerdo con el primer hecho atribuido, entre mayo y octubre de 2023 Ruiz Díaz habría presentado ante la Municipalidad de Los Altos copias de un título de Licenciado en Psicología y de un certificado analítico presuntamente apócrifos, con el propósito de acreditar una formación profesional y lograr su contratación.
El 1 de junio de 2023 suscribió un contrato de locación de servicios con el municipio y, el 30 de junio, una adenda para prestar servicios como psicólogo en el Centro de Atención Integral a Familias y Diversidades.
Como consecuencia de esa contratación, la Municipalidad realizó seis pagos por servicios de Psicología. La Fiscalía atribuyó al imputado una defraudación a la Administración Pública por un monto total de $840.000.
El segundo hecho se ubica entre junio y octubre de 2023. Según la acusación, durante ese período Ruiz Díaz habría brindado sucesivamente atención psicológica a 22 personas en dependencias municipales, sin poseer título universitario ni matrícula profesional habilitante.
