La situación del diputado provincial Javier Galán se complica cada vez más. La fiscal de Violencia de Género, Alejandra Antonino, mantiene bajo análisis una grave denuncia que sacude el ámbito político local y que aún no fue elevada al Juzgado de Control de Garantías.
Según la información judicial, la acusación incluye presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, además de retención indebida de haberes y peculado de servicios, un combo explosivo que pone en jaque no solo al legislador, sino también a su entorno político.
Por estas horas, todas las miradas están puestas en la fiscal Antonino, quien deberá tomar una decisión clave: impulsar la causa o archivarla. En caso de avanzar, podría intervenir el juez Marcelo Sago, teniendo en cuenta los fueros parlamentarios que protegen al acusado.
Mientras tanto, el silencio de Galán empieza a hacer ruido. En redes sociales y en la calle, crecen las críticas y el malestar. Sectores que antes lo respaldaban hoy comienzan a despegarse, en medio de una tormenta que amenaza con tener consecuencias políticas y judiciales de alto impacto.
La causa está en un punto crítico. La próxima decisión judicial puede marcar un antes y un después.
