Las militantes radicales Claudia Vera y María Luisa Moreno impugnaron la resolución que oficializa la nueva conducción partidaria. Aseguran que la nómina vulnera derechos políticos de las mujeres y contraviene normas nacionales y partidarias.
La oficialización de la lista de conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) en Catamarca, emitida el viernes por la noche, fue apelada por dos referentes del radicalismo: Claudia Vera y María Luisa Moreno. Las dirigentes cuestionan la falta de cumplimiento del principio de paridad de género en la conformación del Comité Provincia y de varios comités departamentales y distritales.
Según argumentan en su presentación, la lista encabezada por Luis Fadel como presidente, junto a Antonio Acuña (vicepresidente primero) y Fernando Navarro (vicepresidente segundo), está integrada exclusivamente por varones, lo que –afirman– viola lo establecido por la Ley Nacional de Paridad de Género, la Carta Orgánica Nacional del partido (art. 30 y 46) y otros instrumentos legales con jerarquía constitucional.
Las impugnantes advierten que ya realizaron varias presentaciones durante el proceso electoral interno –el 27 de marzo, el 2 y el 8 de abril– sin obtener respuesta satisfactoria de la Junta Electoral partidaria. “La paridad no es optativa, ni se suspende ante listas de unidad. Es una condición estructural de legalidad para los partidos políticos”, sostienen.
Además, remarcan que la UCR venía cumpliendo con la inclusión femenina en sus órganos de conducción desde 2010, y que esta nueva composición representa un claro retroceso en términos de derechos conquistados. “La tradición inclusiva del radicalismo catamarqueño está siendo desmantelada sin justificación y sin voluntad de corrección”, afirman.
A esta apelación se sumó también el espacio interno “La Causa Argentina”, encabezado por el recientemente electo presidente Luis Díaz, quien además denunció irregularidades similares en comités de departamentos como Valle Viejo, Ambato y Santa María.
Las mujeres radicales advirtieron que desestimar sus reclamos implicaría convalidar una interpretación sesgada de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que protegen los derechos políticos de las mujeres. “La no regresividad de los derechos debe ser el piso. Lo que no puede retroceder, debe avanzar”, concluyeron.
