En el marco de la causa donde se investiga por estafas a la empresa Adhemar Capital de Edgar Adhemar Bacchiani, se conoció en las últimas horas que el fiscal federal Gustavo Gómez solicitó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que el tribunal de alzada ordene al magistrado Miguel Ángel Contreras, Juez federal de Catamarca, la apertura de una investigación por una presunta quiebra fraudulenta.
Situación que ya había sido observada tiempo atrás por el abogado querellante Alfredo Aydar quién había solicitado al juez federal que el dinero del secuestro no sea enviado a la quiebra , remarcando que la misma estaba “guionada” y direccionada por el gobierno provincial en la persona del contador Aldo Sarquis.
Cabe destacar que la quiebra de Adhemar Capital había sido declarada en octubre del año pasado. Para el Fiscal, se estaría frente a un acto fraudulento, por lo que ordenó que se devuelvan los fondos depositados en la Justicia Comercial a la Federal, y se investigue. Gustavo Gómez, fiscal de la Cámara Federal de Casación de Tucumán, pidió que se forme un expediente por separado para dar trámite a la presunta quiebra fraudulenta de Edgar Adhemar Bachiani.
Gómez pidió a la Cámara Federal que ordene que por separado, se investigue si se está ante una quiebra fraudulenta, atento a que “No debió haberse declarado la quiebra habiendo una causa penal en trámite”.
El 2 de febrero pasado La policía de la provincia de Tucumán secuestró 97.750 dólares que cuatro personas, dos hombres, una mujer y una menor de edad, transportaban en un automóvil que se dirigía desde San Miguel de Tucumán hacia nuestra ciudad. Con el paso del tiempo salió a la luz que por el pedido de Bacchiani al “pocero” Pablo Olmi, este último mandó a sus empleados a retirar el dinero en efectivo a la provincia de Tucumán con el resultado ya sabido:
Ahora , la solicitud fue realizada en la expresión de agravios, tras la apelación presentada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien se opuso a la decisión del juez federal que había ordenado que la suma de casi 100.000 dólares secuestrados por la justicia federal tucumana fuera remitidos al juzgado Comercial, donde se lleva adelante el proceso de quiebra contra la financiera.
En este sentido, el representante del ministerio público de Tucumán, no solo se opuso al grave daño que ocasionaría para la investigación, el hecho de que el dinero vaya a parar a una quiebra en la cual se beneficiarían unos pocos en detrimento de cientos de damnificados.
Conocida esta noticia cabe hacer mención y destacar que el abogado querellante Alfredo Aydar ya había puesto “la lupa” sobre la quiebra y siempre fue crítico de ello al sostener que la misma era “manejada” por altas autoridades del ejecutivo provincial y dónde sólo se iba a beneficiar a unos pocos y no todos los damnificados.
