La Unión Cívica Radical quedó en el ojo de la tormenta y fue blanco de críticas de propios y ajenos, luego de que el Tribunal de Conducta decidiera suspender temporalmente la asunción de las Mujeres Radicales que había cuestionado la candidatura de Roberto Gómez para encabezar el Comité Capital y que formaban parte de la única lista que se quedó con todos los cargos partidarios.
Estas mujeres, que criticaban a Gómez por tener una denuncia por abuso sexual, habían sido cuestionadas por un grupo de dirigentes con Enrique Sir a la cabeza. En ese marco, Sir y compañía había pedido que la Junta Electoral partidaria convoque al Tribunal de Conducta para que analice si estas dirigentes habían cometido una «inconducta partidaria».
El lunes, el Tribunal tuvo su primera reunión para analizar el caso. En la oportunidad, examinó la documentación presentada por Sir (tanto a la Junta Electoral como al propio tribunal) y llamó a las mujeres cuestionadas para que den cuenta de los planteos en su contra.
Ayer, emitió una resolución donde declara «formalmente admisible» la denuncia y en consecuencia decide iniciar el proceso investigativo para «determinar la responsabilidad por supuestas conductas antipartidarias de las afiliadas sindicadas».
En ese marco, decidió «suspender en forma provisoria la proclamación de las denunciadas para ocupar cargos partidarios hasta tanto concluya el proceso». Así informó a la Junta electoral a que proceda a no proclamar a Natalia Herrera (vicepresidenta segunda), Gabriela Nieva Larcher (Secretaria del Comité Provincia), Jessica Nieto (Convencional por Capital), Vilma Canceco (secretaria Comité Provincia), María Luisa Moreno (Secretaria Comité Capital) y Claudia Vera (Delegada al Comité Nacional).
También, decidió citar para hoy a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia.
En los fundamentos de la resolución, el Tribunal indica que la Carta Orgánica reconoce “la facultad” del Tribunal “de suspender en forma provisoria y mientras dure el proceso para favorecer la investigación correspondiente».
Además, considera que «existen circunstancias que justifican suspender la proclamación por cuanto tal escenario implicaría un obstáculo grave a la normal investigación extendiendo tal medida solo el estrecho periodo temporal no mayor a 45 días”.
Recusaciones
Previo a conocerse la suspensión, las dirigentes cuestionadas elevaron una nota al Tribunal donde realizan una serie de planteos al accionar el del cuerpo. Para empezar recusan a María Cristina Gómez, quien forma parte del Tribunal y es hermana de Roberto Gómez por lo que no podría formar parte del mismo.
Posteriormente, advierten de una serie de falencias a la primera acta del Tribunal donde se las convoca a defenderse. En ese sentido, plantean que la convocatoria no establece fecha para asistir a comparecer. Además de que primeramente, se debería convocar a los denunciantes y no a los denunciados.
Ante esta situación, plantearon que el Tribunal se rija con todas las formalidades de la Carta Orgánica y que se las vuelva a convocar con una antelación de al menos tres días.
Posteriormente, Natalia Herrera presentó una recusación contra el presidente del Tribunal, Pablo Jalile, al afirmar que este «adelantó opinión» sobre el tema el cuestión. Según la diputada, en una reunión que mantuvo ella con Jalile, el presidente del Tribunal consideró como «gravísimas» la conducta de las denunciadas lo que denota «una prematura toma de decisión incompatible con cualquier actividad de un juzgador».
APOYOS
Conocida la resolución del Tribunal, diferentes dirigentes de la UCR y del oficialismo salieron en apoyo a las mujeres radicales. Una de ellas fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero que manifestó: «Rechazamos todo intento de disciplinamiento y silenciamiento de las mujeres políticas, cualquiera sea el partido en el que militan, y nos solidarizamos con aquellas militantes y dirigentes sobre las que hoy se descarga la fuerza irracional de los criterios patriarcales y machistas».
Por su parte, Alfredo Marchioli, Presidente de la linea interna RRAP, sostuvo que la resolución del Tribunal «implica una fáctica sanción, en todo momento que procure cercenar el libre ejercicio de sus derechos: elegir y ser elegido, sin haber atravesado un debido proceso y el correspondiente derecho a defensa. Inadmisible en la Unión Cívica Radical, el partido político de los derechos, de la democracia y de la república».
Finalmente, un grupo de 100 militantes, elevaron una nota al Tribunal donde expresan su «enfática oposición a cualquier decisión de ese elevado estamento partidario, que disponga la aplicación de represalias en contra de las correligionarias para quienes un grupo de afiliados solicita que no sean proclamadas en los cargos partidarios para los que fueron candidatas».
