El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el equipo de trabajo para confirmar el envío a la Legislatura provincial del proyecto de ley para reformar el Código de Procedimientos Mineros de la provincia.

Tras un profundo debate que incluyó a todos los sectores involucrados en el ámbito minero provincial, el proyecto finalmente ingresará a la Cámara de Diputados para su discusión y tratamiento legislativo. 

La ministra de Minería, Fernanda Ávila, detalló que el proyecto para el nuevo código contempla una serie de puntos para mejorar las temáticas de transparencia y modernización de los procesos mineros en el territorio provincial. 

“Este es un proyecto en el que todos han podido dar su opinión y modificar puntos que se consideraban claves para permitir un desarrollo más amplio, ágil y transparente de los procesos de la minería local”, aseguró la ministra. 

En este sentido detalló que uno de los puntos principales del proyecto es la digitalización de los expedientes ya que el texto contiene normas que impulsan que el trámite formal progresivamente deje de ser en formato papel y pase a tener un trámite íntegramente online. Esto es uno de los pilares para hacer más eficiente el funcionamiento de todas las instancias de trabajo entre organismos públicos y el sector privado.

“Este es un tema en el que hubo un consenso general entre todos los sectores porque las nuevas realidades y tecnologías hacen necesaria una dinámica mucho más fluida para dar respuestas ágiles tanto al sector privado como al Estado provincial”, explicó Ávila. 

Por otro lado, la funcionaria enfatizó la importancia de la transparencia de los actos de la administración, razón por la cual el proyecto incluye una una referencia especial a la publicidad de las acciones que la autoridad minera realice para fiscalizar y orientar la política minera provincial.

En este sentido, la ministra de Minería afirmó que el proyecto establece una instancia judicial amplia, por intermedio de la cual cualquier decisión emanada del órgano administrativo puede ser revisada por el juez de Minas. “En conjunción con los otros temas de la reforma del código, esto permitirá lograr una nueva modernización del proceso de trabajo de la minería”, subrayó Ávila. 

Otra importante novedad, en el marco de la idea de que el Estado provincial participe en la actividad minero percibiendo no solo regalías sino también utilidades u otros beneficios, es la prioridad que otorga a CAMYEN para solicitar las áreas que sean liberadas. Como dijimos, la prioridad se enmarca en la decisión del Gobierno de la Provincia que considera a la actividad minera como política de Estado. A su vez, se fundamenta en que Catamarca es la dueña originaria de los yacimientos mineros que se encuentran en su territorio y que constituyen un bien escaso y no renovable.