A finales de enero, la comuna chacarera denunció penalmente al exintendente
Gustavo “Gallo” Jalile por el presunto delito de abuso de autoridad. La acusatoria en
cuestión estuvo vinculada a los nombramientos masivos del exjefe comunal
(ordenanza de presupuesto, Consenso Fiscal y la propia Carta Orgánica Municipal).
Dentro de este marco, ayer el municipio que conduce Susana Zenteno pidió
participación directa en la causa constituyéndose como querellante.
La petición la realizaron el fiscal municipal en comisión, Martín Perlata, junto al
asesor legal, Sebastián Ibáñez. En la presentación, el fiscal de la comuna de
chacarera remarca que funcionalmente le corresponde la defensa judicial “de los
intereses de la Municipalidad de Valle Viejo”.
De esta forma, fundamenta que la calidad de querellante en la Fiscalía de Delitos
contra la Administración Pública surge por la acusatoria del secretario de Gobierno,
Rolando Contrera (originario de las actuaciones judiciales) y que debido a su carácter
de fiscal municipal le “corresponde funcionalmente la defensa de la Municipalidad”.
Además, los profesionales del derecho recuerdan la denuncia contra el exintendente
y parte de su gabinete. Para el caso, rememoran que Jalile, sus hijos Jair
(exsecretario Privado) y Samira (exsecretaria de Acción Social), y los exfuncionarios
Carlos Bustamante (Obras y Servicios Públicos), Silvia Barrionuevo (Gobierno),
Elena Díaz (Cultura, Educación y Turismo) y Rosa Galían (Hacienda y Finanzas), en
los últimos 6 meses firmaron una serie de decretos para designar personas a planta
permanente.
Con ello, la denuncia apuntó a que se elevaba la cantidad de agentes “violando
dolosa y flagrantemente las disposiciones del Convenio Fiscal Municipal y la Carta
Orgánica de la comuna. No solamente eso, sino además que los nombramientos
masivos provocaron un grave perjuicio en los recursos financieros de la
Municipalidad”.
Así las cosas, ya son dos las causas en las que el Municipio pidió constituirse como
querellante. En esta misma semana se solicitó lo mismo pero contra 12 personas que
tomaron la sede de la comuna. Para este caso se aportaron pruebas fílmicas y
audios donde un imputado manifiesta “haber utilizado, durante la ocupación delictiva
del edificio municipal, el ya descripto material explosivo (garrafa de gas) para
atrincherarse en el interior del edificio municipal”.
