Gran parte de la oposición en la cámara baja rechazaría hoy el proyecto del nuevo
Código de Procedimientos Mineros. La posición que iba a tener el interbloque Juntos
por el Cambio (UCR-NEO-PRO) fue debatida en los últimos días y de no haber
mutaciones en los posicionamientos, solo cuatro de los legisladores opositores
acompañarían hoy el proyecto del Gobierno.
Uno de los fundamentos que expondrían quienes rechazarían el proyecto es el
cambio de la autoridad minera que en la actualidad recae en el Juzgado Electoral y
de Minas y que el Gobierno propone que sea una autoridad administrativa. En otras
palabras, que el Ejecutivo sea la autoridad minera. En este orden de ideas,
argumentarían que el proyecto eliminaría la seguridad jurídica perjudicando con ello
el arribo de futuras inversiones dentro del sector minero.
El proyecto en cuestión cuenta con dos despachos. Uno, firmado por los diputados
del oficialismo, recomendando la aprobación para establecer el nuevo régimen de
procedimientos. El despacho que lleva la firma de legisladores opositores
lógicamente aconseja el rechazo a la normativa.
Cuando el proyecto era enviado a Diputados la ministra de Minería, Fernanda Ávila,
señalaba que el mismo contempla una serie de puntos para mejorar las temáticas de
transparencia y modernización de los procesos mineros en la provincia. “Este es un
proyecto en el que todos han podido dar su opinión y modificar puntos que se
consideraban claves para permitir un desarrollo más amplio, ágil y transparente de
los procesos de la minería local”, aseguraba.
La titular de la cartera remarcaba que el proyecto establece una instancia judicial
amplia, por intermedio de la cual cualquier decisión emanada del órgano
administrativo puede ser revisada por el juez de Minas: “En conjunción con los otros
temas de la reforma del código, esto permitirá lograr una nueva modernización del
proceso de trabajo de la minería”.
En el proceso de estudio de la iniciativa, Ávila se reunió con los diputados a quienes
les destacó que el introducir las modificaciones propiciadas en el proyecto -cuya
vigencia parte desde 1967- “van a adecuar al mismo con las realidades vigentes y
tratando mediante la modernización y sistemas digitales, no solo darle mayor rapidez
a los procesos, sino también, mayor transparencia a lo público donde toda la gente
pueda tener el acceso a la información respecto a cómo se están utilizando y cómo
se invierten los recursos de la provincia”.
La ministra les remarcó en esa oportunidad a los legisladores que los cambios
permitirán “hacer seguimientos más estrictos de las inversiones, controlar sobre las
caducidades y concesiones y de este modo tener un sistema ágil y transparente”

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