La deuda pública, que roza el 90% del Producto Bruto Interno (PBI), será “uno de los
mayores y más urgentes problemas que enfrentará” el Gobierno que encabezará
desde el 10 de diciembre próximo Alberto Fernández, advirtió la prestigiosa
consultora Ecolatina.
Ese porcentaje sobre el PBI incluye “obligaciones en manos del sector privado,
organismos financieros internacionales y otras agencias estatales”, por lo que la
nueva gestión “deberá definir rápidamente una estrategia para encarar el problema,
que “difícilmente logre maximizar el crecimiento; y esperemos que logre minimizar los
daños”, agregó en un informe.
Recordó que durante el próximo mandato presidencial “vencerán alrededor de la
mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas
deudas” y precisó que “dentro de esos vencimientos, se incluye la devolución de
buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al
cronograma vigente- entre 2022 y 2023”.
Ecolatina también detalló que el Tesoro “deberá desembolsar en torno a US$ 38.000
millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio; más de US$ 20.000 millones de estos
serán por pagos de deuda relevante”.
Frente a estas cifras observó que “con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos,
no será posible refinanciar estas deudas” y se preguntó: “¿Se podrá conseguir el
ahorro para pagarlas?”.
La consultora analizó asimismo, que “la recesión, los límites (económicos y políticosociales) a recortar el gasto y elevar la presión tributaria y el alto peso de la deuda en
moneda extranjera abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock
existente”.
“El cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los
inversores sobre nuestro grado de solvencia”, agregó.
La consultora fundada por el exministro de Economía Roberto Lavagna, Ecolatina
advirtió que si “no se puede refinanciar las obligaciones (por lo menos, hasta
convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno tendrá tres posibilidades:
elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o
modificar las condiciones de pago de los pasivos”.
Sobre ese último punto en particular, alertó que “el régimen impositivo actual y los
contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios
públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo
que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera
obtener”.
De cara al primer tramo del próximo gobierno, sostuvo que teniendo en cuenta la
“magnitud del problema en el corto plazo, es probable que encaren un programa que
combine mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el
costo de este ajuste se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas”.
