Juan Carlos «Vitillo» Barrionuevo esperará el juicio en el Servicio Penitenciario imputado del delito de «grooming» y «estafa». El juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana dictó la prisión preventiva para el individuo, que está acusado de contactar a adolescentes haciéndose pasar por un senador. Les pedía fotos íntimas diciéndoles que era para una promoción. También fue indagado por «estafa» por engañar a una joven bajo la misma modalidad.

La causa se inició después de la denuncia del senador José Luis Martínez en agosto pasado, quien señaló que personas inescrupulosas utilizaban su nombre para cometer estafas a través de las redes sociales. El caso recaló en el fiscal de Instrucción Nº 7, Alejandro Gober, quien comisionó en el hecho a personal de la División Ciberdelitos. Tras reunir una serie de elementos que sindicaban al sospechoso se allanó una vivienda, se secuestraron elementos que comprometieron a Barrionuevo, quien luego fue detenido.

La investigación determinó que en uno de ellos, Barrionuevo contactó a la víctima de 17 años vía whatsapp, utilizando un perfil falso y haciéndose pasar por un senador y dueño de un local comercial de ropa deportiva le ofreció ser promotora, le pidió sus talles y le solicitó fotografías con la falsa promesa de que sería promotora. Asimismo el sujeto le manifestó que era el dueño del local de ropa también insistiendo en que le pase fotografías, procediendo la menor a enviarle finalmente una fotografía. En otro hecho también estafó a un joven a quien, también señalando que era colaborador de un senador, le ofreció trabajo. Le habría pedido que le prestara el celular y dinero y finalmente se quedó con ambas cosas.

La causa avanzó y el fiscal solicitó la prisión preventiva para el acusado, quien tiene antecedentes computables. Maidana (juez) confirmó la medida y entre los fundamentos señaló que «en virtud de tales circunstancias objetivas, y -como ya se dijera-, el compromiso asumido por el Estado argentino de proteger especialmente a las mujeres y niños víctimas de delitos contra la integridad sexual, la medida de coerción solicitada por el representante del Ministerio Público resulta absolutamente necesaria para salvaguardar los fines del proceso, como la única manera de evitar que el acusado se contacte con la víctima, o con los testigos, lo cual constituye un factor que permite, razonablemente, inferir la posibilidad de que el encartado -atento a su astucia, agresividad y personalidad manipuladora-, intente influir sobre los mismos induciéndolos a falsear su declaración o a incumplir con su deber de presentarse al llamado judicial, para morigerar su situación procesal».

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