El bitcoin es desde hoy moneda de curso legal en El Salvador, igual que el dólar estadounidense, en virtud de una ley aprobada en el mes de junio por el Gobierno de Nayib Bukele. En concreto, dicha ley aprobada recogía que el uso de la criptodivisa sería “irrestricto, con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar”.

El presidente del país centroamericano ha defendido la adopción de la criptomoneda para reducir los costes de los envíos de remesas de los salvadoreños que trabajan en el extranjero. Bukele cifraba en 400 millones de dólares -340 millones de euros- el ahorro en comisiones para los ciudadanos de El Salvador por la recepción de remesas desde fuera del país.

El mandatario también hizo hincapié en que la criptodivisa puede atraer inversión extranjera e impulsar el consumo interno, así como proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos en la inflación, a pesar de que el bitcoin está sometido a una enorme volatilidad y de que la penetración de Internet es bajísima en el país.

“¿Por qué creamos esta ley? Porque el bitcoin tiene un mercado de capitalización de 600.000 millones de dólares -504.000 millones de euros- a nivel global y si hacemos esto, los inversores y los turistas que tengan bitcoin vendrán al país y beneficiarán a los salvadoreños y a la economía”, remarcó Bukele en uno de sus mensajes a través de redes sociales.

¿Cómo funcionará el bitcoin en El Salvador?

Con respecto al funcionamiento de la criptodivisa, el Gobierno lanza una cartera digital que se llama ‘Chivo’, sinónimo de ‘cool’ en el país centroamericano. Para fomentar el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños, la Administración de Bukele ofrecerá 30 dólares -25 euros al cambio actual- en bitcoin a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la plataforma.

El Ejecutivo ha instalado 200 cajeros automáticos de bitcoin para convertir la moneda digital en dólares estadounidenses y poder retirarlos en efectivo. Asimismo, las transacciones serán libres de comisiones, según Bukele, quien ha incidido que también habrá 50 sucursales financieras en todo el país para retirar o depositar dinero.

El Gobierno también ha desarrollado un fondo de 150 millones de dólares -128 millones de euros- para respaldar las conversiones de bitcoin a dólares estadounidenses.

Con la nueva ley, que entrará en vigor este martes, los consumidores pueden pagar a las empresas con bitcoins desde sus cuentas por artículos listados en dólares. No obstante, si los dueños de negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden presionar un botón en la aplicación ‘Chivo’ para convertir los bitcoins inmediatamente a dólares, según Bukele.

Una medida no muy bien recibida

La puesta en marcha de esta ley, sin embargo, ha tenido bastantes detractores, desde organismos y agencias internacionales hasta la propia ciudadanía.

Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó de los riesgos de adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal, mientras que la agencia calificadora de riesgo Fitch apuntó que la adopción del bitcoin como moneda en el país puede incrementar los riesgos regulatorios para instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, advirtió que la adopción del bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador puede implicar “riesgos significativos” y serán necesarias medidas efectivas regulatorias.

Por otro lado, a lo largo de los últimos días, una gran multitud de salvadoreños ha salido a la calle para protestar contra la rapidez con la que se ha aceptado esta medida, ya que desconfían de la misma por la inestabilidad de la criptomoneda. Recordemos que el bitcoin se caracteriza por su enorme volatilidad y por la posibilidad de que exista blanqueo de dinero.

Para mayor descontento, la medida entra en vigor en un momento de grandes reticencias ante los últimos movimientos del Gobierno de Bukele, que acaba de jubilar a un tercio de los jueces del país y a decenas de fiscales y, además, ha promovido una reforma legal avalada por los tribunales que permitirá su reelección inmediata, vetada hasta ahora.

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